Compartir:

La Fiscalía General de la Nación reveló la desarticulación de una organización dedicada a la explotación infantil en Medellín, que obligaba a niños y niñas de la etnia Embera Katío, de hasta cinco años de edad, a mendigar en parques y zonas turísticas de la ciudad.

En Villa Carolina y en San Francisco de Barranquilla capturan a solicitados en extradición por EE. UU.

Ocho personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías e imputadas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad. Ninguno aceptó los cargos. Entre los procesados están Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.

De acuerdo con la investigación, los menores eran usados para solicitar alimentos, pañales y medicamentos a turistas en sectores como el Parque Lleras y Provenza. Los productos recolectados eran luego revendidos en farmacias y otros locales, lo que permitía a la red obtener hasta 180 millones de pesos mensuales. Tres droguerías señaladas de participar en el esquema fueron selladas.

Con apoyo del ICBF, la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, se logró el restablecimiento de derechos de los niños afectados en más de 900 casos registrados en los últimos dos años. El juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para los seis ciudadanos extranjeros, mientras que López Sánchez cumplirá detención domiciliaria.

¿Qué es explotación comercial infantil?

La explotación comercial infantil es cualquier actividad en la que se utiliza a niños, niñas o adolescentes para obtener beneficios económicos o materiales, atentando contra sus derechos fundamentales.Implica que un menor sea tratado como un medio de lucro por parte de adultos o redes criminales.

Absuelven a trabajador que recibió más de $600 millones de sueldo de su empresa por error y luego renunció

Está prohibida por la Constitución, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y tratados internacionales como el Convenio 182 de la OIT.

Además, en Colombia es un delito penal, con sanciones para quienes lo promuevan, faciliten o se beneficien de él.