El Consejo de Estado admitió este lun es una demanda que busca la pérdida de investidura de nueve congresistas, entre cinco senadores y cuatro representantes a la Cámara, involucrados en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Leer también: Decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo quedaría en manos de conjueces
La acción judicial fue presentada por el abogado Pablo Bustos contra las senadoras Martha Peralta (Pacto Histórico), Berenice Bedoya (Alianza Verde), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como contra los representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique, de las curules de paz.
El recurso sostiene que los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias y en la violación del régimen de incompatibilidades, al supuestamente intervenir en la asignación de coimas, contratos y cargos a cambio de destrabar proyectos clave del Ejecutivo en el Congreso.
Entre estos figuran las operaciones de crédito público que hoy mantienen privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Bustos, quien también representa a víctimas del pueblo wayúu de La Guajira en el proceso penal por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sustentó su demanda en los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de esa entidad.
Importante: Contrato de pasaportes: Cancillería e Imprenta Nacional acuerdan operación por $ 185.000 millones
Aunque varios de los señalados ya son objeto de indagaciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el proceso ante el Consejo de Estado sigue un curso distinto. La demanda había sido inadmitida el pasado 26 de enero, pero tras ser subsanada conforme a los requerimientos del alto tribunal, fue finalmente aceptada para su estudio de fondo.
