El procurador general, Gregorio Eljach, anunció este miércoles que la Procuraduría revisará con detalle la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exjefes de las extintas FARC, emitida el martes en Bogotá. El funcionario señaló que aún no se conoce oficialmente el texto completo del fallo y que no descarta interponer un recurso de apelación.
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“No se conoce oficialmente el texto de esa sentencia número 1 en 8 años. Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo”, expresó Eljach.
El pronunciamiento se da tras la decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que sancionó a siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc por secuestros cometidos entre 1993 y 2012. La sentencia impuso sanciones propias de ocho años, que incluyen labores de búsqueda de desaparecidos, acciones contra minas antipersonal, proyectos ambientales y actividades de reparación simbólica a las víctimas.
Los sancionados por la JEP
Los comparecientes declarados responsables son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Según la JEP, esta es una decisión histórica, ya que por primera vez los máximos responsables de las políticas de secuestro de las FARC rinden cuentas ante un tribunal, después de décadas de impunidad que alcanzaba el 92 %.
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El fallo también aclaró que no se trata de la única sentencia: en adelante se emitirán otras contra diferentes bloques de la extinta guerrilla. Hasta el momento, 41 exintegrantes han sido imputados por secuestros y todos reconocieron su responsabilidad.
Restricciones y cumplimiento de sanciones
Aunque no habrá penas de cárcel, los sancionados deberán cumplir restricciones de movilidad, residencia y trabajo, permanecer bajo monitoreo electrónico y participar activamente en los proyectos restaurativos durante los ocho años establecidos.
El cumplimiento será supervisado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU, con responsabilidad del Gobierno Nacional de proveer los recursos necesarios.
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Los primeros proyectos priorizados incluyen la búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio de Palmira (Valle del Cauca), actos de memoria en Cali y Neiva, y labores de conservación ambiental en territorios afectados por el conflicto.
Magnitud de los secuestros
La JEP documentó que la política de secuestros de las FARC dejó 21.396 víctimas en el país. Estos hechos respondieron a tres patrones criminales: financiar la organización armada, presionar al Estado con fines de intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
Durante el proceso judicial, la jurisdicción escuchó a 795 víctimas, recibió más de 1.200 escritos y contrastó información con la Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil. Ese material permitió reconstruir prácticas de tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, tratos crueles y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Los exjefes guerrilleros fueron declarados responsables como autores y como jefes por mando de delitos que incluyen desplazamiento forzado, violencia sexual, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por las unidades bajo su control.
