La Contraloría General de la República alertó este martes sobre presuntas irregularidades relacionadas con la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional.
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Esto tras un operativo de policía judicial adelantado por el ente de control en las instalaciones de la entidad promotora de salud “con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados”.
En el marco de esta actuación de recaudo de información, la Contraloría realizó entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025.
El análisis preliminar de los datos dejó en evidencia presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
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Esta información llevó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) a generar una alerta por las “falencias” administrativas y financieras en la Nueva EPS, según informó el ente en un comunicado.
Sobre los anticipos, la Contraloría detectó un incremento significativo en los que están pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones.
También evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, “pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones”.
Además, alertó que con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024.
Respecto a las facturas de servicios de salud sin revisión o validación, el ente analizó el reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS y encontró que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones.
Sin embargo, al verificar el reporte identificó 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones. “Por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13.2 billones pendientes por procesar”, señaló.
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Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1 % corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9 % restante al primer semestre de 2025.
“Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras, debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes”, advirtió la Contraloría.
En cuanto al incremento en cuentas por pagar por concepto de servicios de salud, el ente identificó que con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones.
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En ese sentido, alertó que esta cifra “pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22 % de la población afiliada”.
Por último, la Contraloría identificó con corte a diciembre de 2024 una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11.1 billones, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas.
“La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”, indicó el ente.
Informó que la alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes, entre ellos la determinación de responsabilidad fiscal. De manera paralela, dará traslado en su oportunidad a las autoridades competentes en lo que atañe a las responsabilidades disciplinarias y penales.
