Los alcaldes de las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, tienen en agenda una visita a Washington, este domingo 7 de septiembre, con el propósito de intentar evitar que Colombia pierda la certificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, debido al bajo nivel de cumplimiento de los compromisos en esa materia.
Recientemente, un estudio de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que la descertificación tendría “repercusiones profundas en la cooperación bilateral, el comercio, el turismo y la inversión”, pero insiste en el “margen de acción” para “mostrar resultados concretos” antes del 15 de septiembre, cuando está previsto que EE.UU. divulgue la lista anual de países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico.
Es por ello, que los mandatarios Carlos Fernando Galán, Alejandro Char, Dumek Turbay, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder acordaron realizar esta visita para prevenir la descertificación de Colombia.
Sin embargo, EL HERALDO conoció que el alcalde Alejandro Char aún estaría terminando de definir su participación en esta visita.
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“En reducción de cultivos ilícitos, el desempeño es crítico”, señala el estudio, pues en 2023 había en Colombia 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022, “y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura”, lo que supone un aumento del 53 % respecto al año anterior.
El estudio añade que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos “cayó a mínimos históricos, con apenas 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a una meta de 30.000”. Ante estas desalentadoras cifras existe la posibilidad de que Colombia pierda la certificación lo que significa dejar de recibir asistencia económica de Estados Unidos para combatir las economías ilegales.
El país podría recibir sanciones intermedias, como bloqueos en los organismos multilaterales, suspensión parcial de la cooperación bilateral o restricción de acceso a financiamiento.
Sin embargo, si existe una descertificación plena, y las sanciones podrían ser más severas, como la imposición de aranceles invocando la seguridad nacional, e incluso una elevación del nivel de alerta de viaje al país, lo que tendría un efecto muy grave para el turismo.
Durante un consejo de seguridad adelantado en Cali, 21 días después del ataque perpetrado a una base aérea, el alcalde Alejandro Eder dejó ver su preocupación por las decisiones del Gobierno que desfinanció la inteligencia militar y policial.
“No fue posible detectar los camiones que viajaron cargados con explosivos desde el Cauca hasta Cali, ni prevenir el atentado que le costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, dijo.
“Si ahora dejamos de recibir la ayuda militar de Estados Unidos por una descertificación, esta situación se agravará mucho más y todos los colombianos quedaremos ante una amenaza incontrolable”, añadió.
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La agenda
Ante el difícil panorama, los alcaldes estarán en territorio estadounidense los días 8 y 9 de septiembre, en los cuales sostendrán importantes reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y congresistas de los partidos Republicano y Demócrata.
En estos encuentros, los mandatarios locales intentarán proponer acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, democracia y migración.
“Los alcaldes representan la respuesta local a las causas del narcotráfico. Invertir en nuestras ciudades significa reducir el riesgo de descertificación, salvaguardar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia y consolidar la democracia en Colombia”, explicó Eder.
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La reacción de Petro
Luego que se conociera el viaje programado por los mandatarios de las principales ciudades el país, el presidente Gustavo Petro se pronunció y alegó que estos no están autorizados para representar a Colombia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
“Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta.”, escribió el jefe de Estado.
Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no dudó en responderle al presidente Petro tildándolo de “dictador”.
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“Petro ya actúas como un Dictador. Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia.”, escribió desde su cuenta de X.
“Intentaremos mitigar el desastre que has generado. En Democracia, tenemos el derecho de hablar por nuestra gente. Te enterarás de cómo nos va. Lo hacemos por Colombia, no por vos. Y por supuesto, no te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos.”, agregó.
Resultados de Colombia en la lucha contra las drogas
El estudio realizado por Amcham analizó cinco variables para saber si los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico son suficientes: reducción de cultivos ilícitos; interdicción y control de tráfico; extradiciones y aplicación de justicia; cumplimiento de compromisos internacionales y voluntad política.
“En reducción de cultivos ilícitos, el desempeño es crítico”, señala el estudio, pues en 2023 había en Colombia 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022, “y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura”, lo que supone un aumento del 53 % respecto al año anterior.
El estudio añade que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos “cayó a mínimos históricos, con apenas 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a una meta de 30.000”.
En cambio, “en interdicción y control del tráfico los resultados son más positivos: en 2024 se incautaron 960 toneladas de cocaína, un récord que refleja la coordinación activa con Estados Unidos y otros socios”.
En extradiciones y Justicia, “Colombia mantiene un flujo constante de más de 60 entregas anuales, acompañado de juicios y condenas a grandes narcotraficantes, lo que constituye un pilar importante de cooperación judicial”, pero “la pausa en la tramitación de solicitudes durante 2025 (...) restan solidez a este indicador”.
Más consistente es el desempeño del país en compromisos internacionales, pues cumple con los tratados de la ONU y con los acuerdos bilaterales, mientras que en voluntad política, “la percepción es débil” por la caída de las metas de erradicación de cultivos ilícitos, la apertura de negociaciones con el Clan del Golfo, “y el apoyo diplomático a regímenes como el de Venezuela generan escepticismo frente al compromiso del Estado colombiano”.
Si hay una descertificación plena, las sanciones podrían ser más severas, como la imposición de aranceles invocando la seguridad nacional, e incluso una elevación del nivel de alerta de viaje al país, lo que tendría un efecto muy grave para el turismo.
“En turismo un proceso de descertificación podría activar alertas de viaje del Departamento de Estado de EE.UU., llegando incluso a un nivel 4 (recomendación de no viajar), lo que reduciría la llegada de visitantes internacionales”, indicó el informe.
El estudio añade que, en el peor escenario, “el turismo podría perder hasta mil millones de anuales de dólares (...) y la cooperación bilateral, que supera los 450 millones de dólares al año, estaría en riesgo de reducción o suspensión”.
