La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció este martes a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, de los cuales al menos 35 eran niños cuando ocurrieron los hechos, según ese tribunal.
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Estos hechos de violencia sexual fueron “perpetrados por grupos paramilitares con la posible tolerancia de integrantes de la fuerza pública” y la acreditación de las víctimas se hizo como parte del Caso 11 de la JEP, que investiga violencias de género cometidas por la fuerza pública contra civiles.
“Los hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado ocurrieron entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba”, los tres situados del Caribe, explicó en un comunicado la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
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Según la información, estos hombres y niños “fueron sometidos a actos de violencia sexual que fueron utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género”.
De las víctimas reconocidas, 19 tenían entre cinco y 14 años de edad, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años, agregó el tribunal.
“Esta decisión marca un precedente histórico en Colombia y en el ámbito internacional de la justicia transicional, al visibilizar de manera clara los patrones, las causas y los impactos específicos de la violencia sexual contra hombres y niños en el marco del conflicto armado”, señala el comunicado.
Manto de silencio por miedo y vergüenza
La Sala de Reconocimiento de Verdad constató que muchas de las víctimas “permanecieron en silencio durante años, por miedo, vergüenza y la ausencia de garantías institucionales estructurales”, razones por las cuales no denunciaron la violencia sexual sufrida.
Para la JEP, la violencia sexual contra hombres, adolescentes y niños en el conflicto armado “fue una forma específica de violencia basada en género, usada estratégicamente por actores armados para imponer control social, económico y territorial”.
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Con esta forma de violencia los agresores buscaban atacar “la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica, dominante y violenta”.
La JEP investiga 11 macrocasos de violencia en el conflicto armado, tales como “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes” cometidos por la guerrilla de las FARC; “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, conocidos como ‘falsos positivos’, y “victimización de miembros de la Unión Patriótica”, partido de izquierdas exterminado en los años 80 y 90.
Las investigaciones también abarcan el “reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, “crímenes contra pueblos y territorios étnicos” y la “violencia basada en género”, así como crímenes no amnistiables cometidos por agentes del Estado y por miembros de las FARC, entre otros.
