La Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió suspender de manera provisional la Directiva Presidencial 11 de 2024, emitida por la Presidencia de la República, que buscaba obligar a ministerios, departamentos administrativos y entidades del orden nacional a invertir un tercio de su pauta institucional en medios comunitarios, alternativos o digitales.
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La medida cautelar fue adoptada dentro del proceso de nulidad interpuesto por la Fundación para el Estado de Derecho, organización que solicitó la anulación de la directiva al considerar que el documento introducía reglas contrarias a la legislación de contratación pública y afectaba la libre competencia en el sector de las comunicaciones.
El magistrado ponente Alberto Montaña Plata explicó que “la directiva enjuiciada limita esa libertad de los distintos medios de comunicación, dado que prefiere a unos sobre otros, lo que en la práctica, no es otra cosa que un quebrantamiento de la igualdad de condiciones en el mercado público de los contratos estatales”.
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En concepto del magistrado Montaña, la disposición establecía criterios que, pese a invocar el Estatuto de Contratación Pública, en la práctica podían privilegiar a determinados actores mediáticos frente a otros.
El auto de suspensión señala que la norma cuestionada generaba un trato desigual que podía traducirse en restricciones injustificadas para la contratación estatal, pues favorecía expresamente a una categoría de medios, lo que, según el alto tribunal, resulta incompatible con los principios de igualdad, publicidad y transparencia que rigen la contratación pública en Colombia.
La decisión no implica aún un fallo definitivo sobre la legalidad de la directiva, pero sí congela su aplicación mientras avanza el estudio de fondo de la demanda. El Consejo de Estado recordó que la medida cautelar busca evitar efectos irreversibles en la administración pública mientras se adopta una decisión final sobre la validez de la disposición presidencial.
