Carlos Ramón González es por estos días noticia por la presunta gestión del Gobierno nacional para la renovación de su residencia en Nicaragua, país en el que se encuentra luego de que fuera requerido por la justicia colombiana, sin embargo, el presidente Gustavo Petro niega ello y, por el contrario, dijo que pedirá su extradición.
En el más reciente consejo de ministros de este 15 de agosto, el mandatario se volvió a referir a quien sería el director del Dapre que él mismo nombró. Esta vez aseguro no está para proteger “amigotes” que se “roban plata”, haciendo referencia directa, sin mencionarlo, al exfuncionario.
“La prensa quiere hacernos ver es como si estuviéramos protegiendo a un amigote que se robó una plata”, expuso el jefe de Estado fiel a su estilo contestario.
Y fue aún más vehemente con su pronunciamiento alineándose con la Cancillería que explicó el miércoles pasado que ese ministerio no hizo tal solicitud o al menos “no fue consultada ni autorizada”.
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“Yo no protejo a amigotes que se roban la plata siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra porque no van a tener amigo para defenderse. Eso lo hemos hecho siempre porque yo fui el que denuncié a Samuel Moreno”, señaló durante el consejo de ministros televisado.
Las palabras de Petro llegan después que se conociera que su Gobierno iniciará los trámites para pedir en extradición a González, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, “ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González desde Nicaragua”, señaló el Ministerio en un comunicado.
“El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929. El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia”, añade el texto.
Igualmente, el Ministerio de Justicia afirmó que tanto esa cartera como la de Relaciones Exteriores “estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente”.
