El magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, entregó pruebas a la Sala de Instrucción y pidió imponerles medida de aseguramiento a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes estarían relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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En los documentos de al menos 600 páginas se encuentran de altos funcionarios en los que hablaban sobre sacar adelante en el Congreso las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro.
En el expediente revelado por ‘El Tiempo’, se encuentran los testimonios de varias fichas claves en el caso de la UNGRD, como el de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones, quien se hizo referencia a una orden entregada por el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, durante un consejo de ministros, en el que sugirió que se “adoptara” a un congresista para persuadir su voto a favor de las reformas.
Allí también aparece el testimonio del exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien denunció corrupción en el uso de los recursos dentro del Ministerio de Hacienda, cuando estuvo al cargo del exministro Ricardo Bonilla.
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Al parecer, estas denuncias fueron presentadas al presidente Gustavo Petro, sin embargo, no se tomó ningún correctivo.
En su testimonio Reyes indicó que tenía conocimiento sobre “la entrega de los denominados cupos indicativos que ocurrieron en el Gobierno al que él perteneció”, pero no sobre direccionamiento de contratos.
Además reveló que “supo que dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizaban este tipo de prácticas”. Y que Andrea Carolina Riveros sería la persona encargada ejecutar la estrategia.
“Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales (...) para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, agregó el exfuncionario.
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Asimismo, recalcó que el presidente Petro tenía pleno conocimiento sobre dicha denuncia desde el 18 de diciembre de 2023. Reyes indicó que esta denuncia la dio a conocer en medio de un consejo de ministros y que no cayó bien entre algunos de los asistentes, entre ellos, Sandra Ortiz.
De acuerdo con la información revelada por ‘El Tiempo’, Reyes también cuestionó el traslado de 200.000 millones de pesos de la Dian a la UNGRD en la asignación presupuestal del 2023.
María Fernanda Valdés, exviceministra técnica del Minhacienda, en su declaración refrenda lo dicho por Reyes al señalarlo como “quien hablaba de una posible práctica de reparto de estos cupos y el desvío de recursos”.
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Sin embargo, Ricardo Bonilla y Diego Guevara manifestaron en su declaración a la Corte que no recordaban encuentros con los congresistas.
Bonilla negó la existencia de los mencionados “cupos” y aseguró que su ex asesora, María Alejandra Benavides, era un “teléfono roto”.
Ante los irregularidades, el pasado 6 de febrero, el presidente Gustavo Petro declaró que “Bonilla le había informado sobre dificultades, pero nunca de presiones particulares”.
En el expediente se señala a al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como quien “sembró” el plan criminal para sobornar a los congresistas con el propósito de que votaran a favor de las reformas sociales del gobierno Petro.
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En el documento entregado por el magistral Rodríguez también se revelan chats entre María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y los congresistas Wadith Manzur y Liliana Bitar, además del exministro Diego Guevara, en los cuales se concretaban las reuniones con los miembros de las comisiones.
Uno de los encuentros sería un desayuno, pactado para el pasado 4 de octubre, en el que planteó la propuesta. Otro encuentro ocurrió el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior.
“Los chats de Benavides Soto permiten conocer, a su vez, que otro de los puntos derivados del desayuno habría sido una instrucción puntual dada a aquella por el ministro Bonilla González de atender a los congresistas de la CICP”, indica en el documento.
“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”, añade.
