Las cifras del “Informe Mundial de Drogas 2025” de las Naciones Unidas son demoledoras y dejan muy mal parado al gobierno de Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con su política antidrogas: la producción de cocaína en el país creció un 50 por ciento. De las 3.708 toneladas producidas en el mundo, unas 2.600 son procesadas por los carteles narcotraficantes en Colombia. Para decirlo en plata blanca: el 67 % de los cultivos ilícitos del mundo están en Colombia. De las 376.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en el mundo, 253.000 están aquí.
El país está inundado de cultivos de hojas de coca, algo que Petro –de forma obstinada– se resiste a creer. Considera Petro que el problema no es la producción de cocaína en Colombia –ni mucho menos el incremento de las áreas de hojas de coca cultivadas– sino del consumo desaforado en el mundo, en especial en Estados Unidos. La culpa es de otros, para variar.
De hecho, al referirse al “Informe Mundial de Drogas 2025”, Petro sostuvo en el Catatumbo, Norte de Santander, que este fenómeno lo generan “no los colombianos, sino unos consumidores de sustancias a los cuales las leyes de sus países les prohíbe consumir”.
Es decir, para Petro el problema es la demanda de la cocaína y no la oferta de la misma. En otras palabras: mientras la política antidrogas mundial se base en combatir a quienes producen las drogas ilícitas y no en quienes las consumen –como lo determinan mayoritariamente Estados Unidos y Europa– el problema seguirá sin resolverse. “Es la política antidrogas mundial la que hay que cambiar”, sostiene Petro.
Pero el problema es que mientras el mundo resuelve esa letal ecuación, puesto que se traduce en muertos aquí y allá –unos por consumir cocaína y otros por combatir su producción y tráfico– Colombia se inunda de cultivos de hojas de coca todos los días. Las cifras del Informe Mundial de Drogas –basado en estadísticas del 2023, que son las más recientes– señalan que la producción de cocaína en Colombia creció un 50 por ciento y que el área cultivada de hojas de coca supera las 250.000 hectáreas. Es así de simple. En el mejor de los casos, ello significa que Colombia está haciendo muy mal la parte de la tarea que le corresponde. O algo peor: no la está haciendo.
En efecto, mientras la producción de cocaína en Colombia creció un 50 %, la erradicación manual –promovida por Petro– apenas llegó en el 2024 a las 10.000 hectáreas. En otras palabras: mientras se disparan los cultivos de hojas de coca y se multiplican los laboratorios para producir cocaína, Colombia apuesta a erradicar las hojas de coca hoja por hoja y mata por mata. Las 10.000 hectáreas erradicadas el año pasado es la cifra más baja en la historia reciente del país.
Y para quienes guardan la esperanza de que en este último año del gobierno Petro las cosas puedan cambiar, las noticias son peores: en los cinco primeros meses del 2025 apenas han sido destruidas 1.800 hectáreas, de las 30.000 que habían sido proyectadas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).
¿Qué hacer ante este panorama preocupante y desolador? ¿Qué efectos tendrá el “Informe Mundial de Drogas” de la ONU para el país?
Ecuación simple y cruel: a más cocaína producida, más violencia territorial
Aunque Petro volvió a echarle la culpa del incremento exponencial de la producción de cocaína en Colombia a los países consumidores, lo cierto es que su política antidrogas ha sido un total y absoluto fracaso. Punto. Ni la erradicación manual, ni la sustitución de cultivos ilícitos muestran resultados contundentes. Allí están las cifras. Con un agravante mucho más preocupante: aquellas zonas –o departamentos– donde se disparó la producción y el tráfico de cocaína son los mismos donde más violencia existe. De acuerdo con el informe de la ONU, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo son los departamentos donde más cocaína se produce y son también los de mayor alteración de orden público. En cada uno de ellos las hectáreas de hojas de coca cultivadas superan las 30.000. Los hechos demuestran, además, que la soberanía territorial está seriamente comprometida en esos departamentos, por cuenta del enorme poder que ejercen las organizaciones narcotraficantes y guerrilleras, dedicadas al negocio de la producción y tráfico de drogas ilícitas. Y los mismos hechos demuestran, por desgracia, que Petro no ha podido resolver ninguno de esos problemas. Hoy hay más coca en esos departamentos y por consiguiente más violencia.
Detrás del “campesino cultivador” está el “narcotraficante explotador”.
No hay día en que el gobierno de Petro no muestre imágenes de incautación de cargamentos de cocaína. Los decomisos se registran por toneladas. Miles de toneladas. Petro las expone como logros de su política antidrogas, que se basa en no criminalizar al “campesino cultivador”, sino en combatir al “narcotraficante explotador”. Pero las cifras muestran que esa política también fracasó. ¿La razón? Mientras no se combatan los cultivos ilícitos de forma eficiente -no hoja por hoja, ni mata por mata- estos crecerán de forma exponencial. Con un agravante: detrás del “campesino cultivador” está el “narcotraficante explotador”. Y la razón es muy simple: el Estado no aparece allá donde más se necesita. Así las cosas, ¿qué sentido tiene incautar miles de toneladas de cocaína, si en ese mismo instante se están produciendo en los laboratorios clandestinos del país veinte veces más de la cocaína decomisada en el país? La sustitución de cultivos ilícitos también fracasó: ¿Dónde están las cifras que prueben que cambiar hojas de coca por aguacate o cacao resultó un buen negocio para los campesinos? ¿Dónde están las vías para sacar los cultivos lícitos que nuestros campesinos producen? ¿Dónde están los centros de acopio para llevar las cosechas de cultivos lícitos? ¿Dónde están los bancos que presten a tasas de interés decentes?
Certificación de Estados Unidos: el que pone la plata, pone las condiciones
A la hora de certificar –o descertificar– a Colombia, a Estados Unidos poco o nada le importan las miles de toneladas incautadas por nuestro país, sino las miles de cocaína producidas. Las cuentas del gobierno de Trump son muy simples: si están incautando más cocaína es porque están produciendo y traficando más cocaína. Y en la medida en que más produzcan y más trafiquen, más posibilidades existen de que lleguen a nuestras ciudades “a asesinar a nuestros jóvenes”. Punto. En ese sentido, el argumento de la incautación masiva –esgrimido por Petro– no resulta tan convincente para el “Tío Sam”, que es quien financia buena parte de la lucha antidrogas en Colombia. De hecho, la Policía Antinarcóticos depende en buena medida de los aportes de Estados Unidos, tanto en aeronaves como en su sostenimiento. Es así de simple. Gústele o no a Petro. Y al poner los recursos, Estados Unidos pone las condiciones. Si no hay resultados contundentes en la erradicación de cultivos ilícitos y crece la producción de cocaína de forma exponencial, no habrá certificación, lo que tendría gravísimas consecuencias para nuestro país, entre ellas drásticas sanciones comerciales y arancelarias. La última vez que Colombia fue descertificada ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, por cuenta del proceso 8.000.
Problemas reales, más allá de “consultas populares” o “asambleas constituyentes”
El grave asunto del crecimiento exponencial de la producción de cocaína en el país es otro que debería llamar la atención de los candidatos presidenciales. Pero no ocurre así. Petro logró imponer su agenda, que no tiene entre sus prioridades la lucha contra los cultivos ilícitos, como lo demuestra el informe de la ONU. ¿Cuál es la política antidrogas que debe promover Colombia? ¿Cómo evitar que el país termine “nadando en coca”, como ocurre en estos momentos? ¿Cómo llevar el Estado a aquellas zonas donde hoy –por cuenta de la coca– se está perdiendo la soberanía territorial? ¿Cómo enfrentar y derrotar las organizaciones criminales y guerrilleras dedicadas a narcotraficar? Todos esos asuntos van más allá de “consultas populares”, o “asambleas constituyentes”, que es lo que le interesa a Petro y sus aliados. La proliferación de cultivos ilícitos a lo largo y ancho del país se traduce en más atraso y más violencia. No hay forma de que no sea así. El informe de la ONU es un campanazo de alerta que debe ser escuchado por quienes creen que los caprichos de Petro son más importantes que la suerte misma del país.
