Durante la audiencia de imputación de cargos contra César Manrique, ex director de Función Pública, la Fiscalía aseguró que el señalado hizo parte, junto con Olmedo López, Sneyder Pinilla, entre otros de una “empresa criminal” dedicada a desfalcar la UNGRD.
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La Fiscalía aseguró que el rol del exfuncionario fue “apropiarse de 3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada del contrato celebrado por la Ungrd con la corporación Yapurutú para la adquisición de un lote de carrotanques”.
Al respecto, la fiscal del caso dijo que los señalados “se concertaron para conformar una empresa criminal a fin de cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales destaca la modalidad adquisición de bienes para asistencia humanitaria de emergencia”.
Añadió que “con este acuerdo de voluntades entre funcionarios públicos de la UNGRD, particulares y contratistas lograron consolidar una organización criminal que tenía como propósito interesarse indebidamente en contratos de la UNGRD en aras de direccionarlos a los empresarios que estuvieran dispuestos a pagar coimas por su adjudicación”.
Los otros nombres que se suman a este caso de corrupción que salpica al Gobierno Petro son: Édgar Riveros Rey, quien es abogado, y es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado.
Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD. Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, vinculados a la Corporación Yapurutú, por su presunta participación en la manipulación contractual y apropiación de recursos.