La Contraloría y la Procuraduría pidieron a la Superintendencia información sobre la situación de Air-e y el control que ejerce sobre los subsidios de energía y gas.
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La idea es “garantizar la sostenibilidad, calidad y cobertura de los servicios públicos de energía eléctrica y gas”.
La nueva comisión interinstitucional conformada por estos entes de control vigilará las acciones correctivas en el sector energético y citaron para ello una mesa de trabajo.
“La deuda pública asciende a $7,6 billones en subsidios y pagos pendientes, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos de energía y gas”, recordó el organismo de control fiscal.
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Ante esta situación, advirtió la Contraloría que existe un riesgo sistémico por la demora en los giros, que puede afectar la calidad de vida de los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, especialmente.
