El 13 de septiembre pasado el canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso de licitación del contrato del servicio de pasaportes en el país por una suma de $600 mil millones y en la que el único proponente era Thomas Greg & Sons, multinacional británica que se ha ganado la adjudicación en los últimos 17 años y que, ante tal decisión, que para algunos es ilegal y para otros está fundamentada en disposiciones constitucionales, anunció una demanda de $117 mil millones contra el Estado, la cual, tras un fallido proceso de conciliación, ahora coge camino.
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Leyva y el presidente Gustavo Petro dicen que atendieron los reclamos de varias compañías interesadas, así como entes de control, que afirmaron que el proceso licitatorio atentaba contra el principio de la libre competencia. Por ello, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió a la Fiscalía investigar si hay irregularidades en el caso. Y, bajo el estado de urgencia manifiesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió el pasado 2 de octubre un contrato por $200 mil millones con la misma Thomas Greg, por el término de un año, para que preste el servicio de pasaportes mientras se estructura un pliego de requisitos, afirman, más incluyente.
No obstante, Thomas Greg pone de presente que en tres oportunidades se aplazó la adjudicación y advierte una vulneración de sus derechos y un esguince de la legalidad en la decisión del Gobierno, debido a que, aseveran, no está prohibida una adjudicación con un solo proponente.
La licitación para la elaboración de los pasaportes se abre cada cuatro años por parte de la Cancillería y ya es costumbre que la compañía británica con inversión francesa, que tiene en su junta directiva a los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, se la gane.
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Las pesquisas
En medio de todo este lío a principios de diciembre salió de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, quien ha declarado ante la Fiscalía y la Procuraduría sobre reuniones en París de Juan Carlos Losada, del comité de conciliación, con Jorge Leyva, hijo del canciller, para 'cuadrar' el proceso y, además, aseguró que el ministro le gritó por sus diferencias sobre la conciliación, pues para Zamora había que llegar a un acuerdo para evitar mayores consecuencias mientras que para Leyva se trataba de un contrato 'a dedo' y negó los supuestos malos tratos contra Zamora y dijo que la reunión de su hijo fue con fines turísticos.
Posterior a esto, el contralor en funciones, Carlos Zuluaga, dijo que si Thomas Greg gana la millonaria demanda 'obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar medidas cautelares para los involucrados o responsables de haberle causado un daño al patrimonio público. (…) Se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión'.
{"titulo":"ONU pide consolidar la paz en territorio tras crimen de alcalde de Guachené","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/pronunciamiento-de-la-onu-sobre-asesinato-de-alcalde-de-guachene-1057557"}
El exabogado
Germán Calderón España, ex abogado de la Cancillería en este proceso y quien también se apartó del caso por visiones encontradas con el jefe de la cartera diplomática, le dijo a EL HERALDO que como ya se ha ventilado en relación con las tensiones que una decisión como la adoptada en el comité de conciliación celebrado el 18 de diciembre pasado, 'considero como jurista que van a surgir obligatoriamente investigaciones disciplinarias y penales por no asumir los requerimientos de la Procuraduría'.
Esto porque, si bien el comité no tiene facultades de adjudicar un contrato, 'es la esencia de la revocatoria de los actos administrativos que ya había decidido revocar. Es decir, si ya habían decidido conciliar revocando los actos, ¿por qué en la respuesta a la Procuraduría en su segunda certificación, se retractaron?'.
Debe recordarse, agregó, que, como se ha difundido, los miembros del comité de conciliación son los mismos que hicieron parte del comité de contratación, y en atención a que la nueva defensa de la Cancillería está soportada en la violación de principios de la contratación estatal como la libre e igualitaria participación de todos los oferentes, 'podrían estar incursos presuntamente en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que admite su comisión en esa etapa precontractual'.
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La defensa actual
Ernesto Matallana, actual defensor del Ministerio, explicó a EL HERALDO que el canciller declara desierto el proceso porque la Ley 80 tiene dentro de sus principios uno que se llama de economía y allí se le da competencia al Estado para que cuando no existan situaciones que garanticen la selección objetiva se declare desierto el proceso, entonces 'la Cancillería hizo un estudio en el que encuentra que había unas garantías constitucionales que se deberían preservar y que no se lograron con las reglas de participación que fueron diseñadas para seleccionar a quien iba a suministrar los pasaportes a Colombia: se encontraron reglas cuestionadas porque quienes estaban interesados en presentar ofertas encuentran que las reglas diseñadas por el Estado limitaban su participación, no permitían que ellos hicieran un ofrecimiento en igualdad de condiciones, y aquí hay garantías constitucionales de derechos de igualdad y libre competencia'.
Colombia, asevera el también catedrático de la Universidad Externado, tiene un diseño normativo que supone la pluralidad de oferentes y el Estado debe garantizarla para poder seleccionar entre las ofertas la más conveniente.
En estas condiciones de privilegio, añadió, 'exigían una muestra exacta del pasaporte colombiano, tener una fábrica en Colombia, que para poder garantizar la prestación del servicio se debía tener un plan de contingencia en Norteamérica, porque si se ofrecía en otros lugares como en Europa o América Latina ya no se daba el mismo puntaje. Entonces superar esa desventaja era muy difícil. Y hubo un fallo de la Corte Constitucional a raíz de que en una licitación se daba más puntos a quien naciera en Pereira, y fue demandada por libre competencia, y la Corte consideró que se vulneraban derechos constitucionales'.
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'Improvisación y capricho'
El ex director de la Andje Camilo Gómez Alzate advirtió en diálogo con EL HERALDO que este es un problema que les puede salir muy costoso a los colombianos 'por la improvisación y el capricho del canciller y del presidente'.
Esto porque, señaló, cuando una entidad pública abre una licitación jurídicamente genera unos vínculos legales con quienes presentan las propuestas, 'y si la Cancillería hizo los pliegos debió haber previsto en esos pliegos que no iba a adjudicar si solo quedaba un proponente, pero no lo hizo, esa previsión no se tomó: es un descuido de la Cancillería, no del particular. Entonces la decisión de no adjudicar por esa razón, porque había un solo proponente, no es válida en la ley colombiana. La ley prevé que se pueda adjudicar una licitación con un solo proponente habilitado al final y sobre todo en casos donde la tecnología y las condiciones técnicas exigen unos altos estándares para que el contrato se pueda ejecutar adecuadamente'.
