Como 'grave' calificó la Procuraduría General de la Nación la situación que se vive en el Chocó por culpa del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. La entidad encontró una 'alta deserción escolar e incremento en suicidios'.
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Una comisión especial enviada por el Ministerio Público al departamento, indicó que este flagelo es llevado a cabo en mayor medida por dos grupos que hacen presencia en esta zona del Pacifico: el ELN y el Clan del Golfo.
'Solo en 2022, 6019 estudiantes de todo el departamento desertaron de los colegios (más del 54% pertenecen a la zona del San Juan que es el epicentro de la actual crisis humanitaria). Las razones de deserción obedecen a que las familias fueron desplazadas o se encuentran confinadas en los municipios y en la mayoría de los casos por temor a ser reclutados durante su desplazamiento a escuelas y colegios', detalló la Procuraduría.
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Sin embargo, ese no es el único fenómeno que golpea a los menores en el Chocó, Jefferson Mena, asesor delegado por la procuradora Margarita Cabello para liderar la comisión, sostuvo que, 'una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado, es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra'.
La entidad también precisó que si bien no hay un registro exacto sobre menores reclutados 'según cifras entregadas por la Policía Regional, en lo corrido de 2023 se han recuperado 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. El subregistro frente a este flagelo es considerable'.
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Ayuda humanitaria que 'nunca llegó'
Asimismo, la comisión recibió denuncias por parte de funcionarios de la Unidad para la Atención de Víctimas, UARIV, que comunidades chocoanas nunca recibieron alimentos y otros artículos de primera necesidad destinados a cuatro municipios.
'Contrastando esa información con la Defensoría del Pueblo y entidades de cooperación internacional presentes en los territorios, la Procuraduría pudo establecer que efectivamente que las ayudas de las que habla la UARIV nunca llegaron, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan'.
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Finalmente, la Procuraduría afirmó que le pidió al Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, al ICBF y a otras entidades del orden nacional a que se 'articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar la vida, alimentación, salud y libre movilidad entre otros derechos fundamentales de estas comunidades'.
