Durante la mañana de este jueves se desarrolla en Cartagena la audiencia en la que la Sección Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP recoge información para estudiar la solicitud de medidas cautelares realizada por la Ruta del Cimarronaje para proteger a las víctimas desaparición forzada que estarían en el Canal del Dique.
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En la instalación de la diligencia, el magistrado relator, Alejandro Ramell, indicó que este espacio es una oportunidad para contarle al Colombia quiénes hacen parte del Canal del Dique, qué ha ocurrido y cómo su gente ha luchado por cuidar de este lugar 'y reivindicarlo como territorio de paz y resiliencia'.
Desde el Teatro Adolfo Mejía, en la capital de Bolívar, los magistrados esperan recabar información adicional y, sobre todo, garantizar la participación de las víctimas y de sus familiares en el proceso judicial.
Aura Esther Camargo, representante la Ruta del Cimarronaje, fue una de las primeras en intervenir y señaló que las comunidades aledañas al cuerpo de agua no se oponen al proyecto que se busca realizar en la zona, pues solo quieren que las cosas 'se hagan bien'.
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'No queremos que nos saquen del territorio, el proyecto debe ser con nosotros, buscamos que nos vinculen para que podamos aportar nuestras voces. Somos 56 consejos comunitarios alrededor del Canal y no todos hemos sido consultados', dijo Camargo en la diligencia.
La mujer señaló que cuando comenzaron los ecos de la violencia en esa región del país, entre los años 2000 y 2005, los niños dejaron de jugaren las aguas del Dique y los pescadores paralizaron sus faenas.
'Veíamos los cuerpos en las aguas; los cuerpos de mujeres pasaban desnudas… no usábamos esa agua por lo contaminada que estaba', dijo la peticionaria, quien añadió que hoy más que nunca los habitantes de los municipios que hacen vida alrededor del Dique 'seguimos luchando por la paz'.
'Pedimos el protocolo de exhumación, antes de comenzar el proyecto. Buscamos el rescate de las víctimas que estaban en la aguas de este majestuoso cuerpo de agua que fue construido por las manos de nuestros ancestros', solicitó.
Indicó además que 'el país no les ha hecho frente a las personas que hemos vivido y resistido a la orilla del Canal del Dique. Ese territorio nos pertenece. Allí hemos resistido a la guerra'.
Por su parte, la magistrada María del Pilar Valencia señaló que los enfoques étnicos, territorial y de género de la JEP 'han sido indispensables para entender las necesidades de protección de espacios en donde presuntamente existan estructuras óseas de víctimas de desaparición forzada'.
'Hay un compromiso de garantía de derechos fundamentales por parte de las autoridades nacionales y territoriales con las comunidades, que tienen un impacto directo en los derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición', dijo la magistrada.
