El Tribunal Administrativo de Chocó dejó en firme la condena al Estado por los desplazamientos que se presentaron en Bojayá (Chocó), entre 2002 y 2003, tras la masacre que dejó aproximadamente 119 personas muertas.
El fallo, de segunda instancia, también dejó claro que el Estado deberá reparar con $312.000 millones a las personas que tuvieron que abandonar sus hogares después del acto terrorista. Además, aseguró que tampoco tomaron medidas para proteger a la población.
'Para la Sala se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002 en el medio Atrato, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, generado por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes', dice el fallo.
El fallo resolvió una demanda presentada en 2002 por la comunidad de Bojayá. Ese año, las Farc lanzaron un cilindro bomba a la iglesia de la población asesinando a 119 personas. Aunque la culpa de la masacre es de la entonces guerrilla, la demanda pedían condenar al Ministerio de Defensa Ejército y Policía por los daños materiales y morales que sufrieron las víctimas.
'Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos', dice la sentencia refiriéndose a que días antes se preveía el enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares, por lo que el Estado debió responder de inmediato para evitar actos terroristas.
