Cargos como presunto responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción, le imputó la Fiscalía al exalcalde de Valledupar, Fredy Socarrás Reales, dentro de la investigación que le sigue por contratar de manera directa $9.000 millones para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 2014, cuando fungía como mandatario de este municipio.
En una audiencia virtual ante el Juzgado Cuarto Penal con funciones de control de garantías de Valledupar, el ente acusador indicó que los hechos se relacionan con las presuntas irregularidades detectadas en la etapa precontractual del convenio de cooperación No. 02 del 2014 cuyo objeto era aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación durante la jornada escolar de los niños, niñas y adolescentes en el área rural, de conformidad con los lineamientos técnicos administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar.
Con base en la inspección a lugares, análisis contractual, estudio financiero y contable, el ente acusador evidenció que, para el citado contrato suscrito por un monto de $9.000 millones, la administración municipal presuntamente adoptó una modalidad de contratación excepcional que no aplicaba al objeto contratado, como quiera que debió ser por licitación pública y no de manera directa.
Por este caso también están siendo investigados la ex asesora jurídica del municipio, Mery María Romero Méstre; y el representante legal de la firma contratista Kabala, Asdrúbal Rocha Lengua, a quienes la Fiscalía también le imputó los mismos cargos. Los tres procesados, al final de la diligencia no se allanaron a estos.
Otra acusación
En febrero pasado, la Fiscalía también acusó al ex alcalde de Valledupar, Fredy Socarrás, como presunto responsable de peculado por apropiación agravado en calidad de autor a título de dolo, en el proceso que le sigue por la venta de siete lotes del Parque Industrial por un valor presuntamente menor al real, causándole un posible detrimento al municipio de $1.542.375.306.
En audiencia en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento igualmente fueron acusados Rosiris Robles como compradora de los lotes y Eduardo José Ustáriz como perito; ambos por el mismo delito en calidad de autor interviniente.
En el escrito de acusación, el fiscal del caso señaló que el dominio y la titularidad de los lotes los tenía el municipio en cabeza de Socarrás, quien fungía como alcalde en el 2015. El entonces mandatario celebró un contrato de enajenación, a través de un proceso de selección abreviada de venta de bienes e inmuebles o subasta pública siendo la única proponente inscrita Rosiris Robles.
