En Valledupar se realiza la primera audiencia de alegatos de conclusión del juicio adversarial transicional, a cargo de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en contra del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, en un proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, para el esclarecimiento de las muertes extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.
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En esta etapa final del juicio, las partes, es decir, la Fiscalía de la Unidad de Investigación y Acusación, defensa de víctimas y del procesado hacen una síntesis de todas las pruebas practicadas. El objetivo de ambas es convencer a los magistrados de su interpretación de los hechos.
En este caso, el fiscal de la (UIA) buscará demostrar que Mejía Gutiérrez tuvo participación, como autor o coautor, en 35 hechos en los que fueron asesinadas 72 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003, en el Cesar y La Guajira.
Por su parte, la defensa intenta desvirtuar esa acusación y sustentar su tesis de inocencia.
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En apartes de la audiencia, el fiscal Samuel Serrano, indicó que la acusación que se presentó en el inicio de este juicio adversarial de ninguna manera se dirigió hacia el Ejército Nacional, ni contra el Batallón de Artillería N°2 La Popa, ni contra los hombres y mujeres que conformaban esa comandancia.
Argumentó que fue una acusación en términos generales y no en contra de las entidades del Estado. “Fui categórico en afirmar que la acusación se hacía en contra de uno de sus integrantes, - Mejía Gutiérrez-, que creó, dirigió y comandó al interior del Batallón de Artillería N°2 La Popa, un ideal aparato organizado de poder a través del cual utilizando los medios con los que contaba cometió 72 homicidio en personas protegidas, 44 desapariciones forzadas y cuatro torturas”, indicó el fiscal.
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Añadió que “de ninguna manera puede confundirse a una institución del Estado colombiano con más de 200 años, que ha proporcionado seguridad y bienestar con la conducta de quienes aprovechándose de su permanencia dentro de esta cometieron crimines y mancharon su buen nombre y contrariaron su deber constitucional violando los derechos de las instituciones y de las personas que un día juraron proteger”.
Es de este juicio inició en septiembre de 2024, cuando el procesado se declaró inocente postura que ha mantenido y ha indicado que es un militar con honores que siempre defendió los intereses de la seguridad del país.
La JEP ha indicado que durante el juicio se decretó 82 testimonios a favor de la UIA, 29 para la defensa y cuatro para las víctimas. De ese total, se practicaron 22 testimonios presentados por la UIA y 29 por parte de la defensa, incluido el del propio acusado. Las diligencias se desarrollaron en 13 sesiones de audiencia, distribuidas a lo largo de 33 días hábiles, que concluyeron el pasado 28 de mayo.
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Al final de la audiencia, la magistrada Reinere Jaramillo, volverá a preguntarle al acusado si acepta o no su responsabilidad. Será su última oportunidad para responder. En caso de reconocerla, el rumbo del proceso cambiaría: la Sección de Ausencia de Reconocimiento deberá evaluar la imposición de una sanción alternativa, que oscila entre 5 y 8 años de privación de la libertad, junto con obligaciones de suministrar verdad y reparar a las víctimas.
Si no acepta, como ha ocurrido hasta ahora, el juicio avanza hacia su recta final. En esta fase, cada una de las partes está presentando una síntesis de las pruebas practicadas para sustentar su interpretación de los hechos ante la magistratura, que deberá tomar una decisión, condenarlo o absolverlo.
Dicha audiencia de alegatos de conclusión será en dos días, es decir, continuará este 6 de agosto igualmente desde Valledupar.
