El secuestro en el departamento del Cesar ha estado presente desde los años 70, en el siglo pasado cuando se presentaron los primeros hechos en municipios del sur, como Aguachica y San Alberto, según lo señaló la Comisión de la Verdad en un informe realizado para el análisis de este flagelo y cuáles fueron sus determinadores.
Así mismo dan cuenta de que los ganaderos han sido los que más han sufrido el secuestro por cuenta de actores armados como Farc- EP, ELN y paramilitares. Es así como en la escucha a más de 35 ganaderos de esta región pudieron documentar que la victimización la han vivido alrededor de 3.293 personas entre hombres y mujeres del gremio
De ese compilado se incluyen los nombres de 1.354 ganaderos víctimas en la región Caribe. “En el departamento del Cesar se concentra el 41 % de las víctimas, 216 asesinatos y 352 secuestros a ganaderos”, reza el informe de la Comisión de la Verdad.
Los secuestros se dieron en La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, Pailitas, Codazzi, El Copey, Pueblo Bello, Chiriguaná, Becerril, Aguachica y Valledupar, debido a que los grupos armados buscaban recursos para sostenerse y fortalecer sus estructuras, actuando además con extorsión y ‘colaboraciones voluntarias’, a ganaderos, agricultores, políticos y empresarios de la minería que ya empezaban a asomarse a partir de la década de los 80.
Entre los secuestros que mayor impacto causaron estuvieron el de Leonor Palmera de Castro, hermana de alias Simón Trinidad, cuyo caso fue atribuido a Salvatore Mancuso por orden de Carlos Castaño Gil, ambos jefes paramilitares.
También el de la cacica Consuelo Araujonoguera, a manos de las Farc el 24 de septiembre de 2001, en las afueras de Valledupar, y fue asesinada 6 días después por la misma guerrilla para evitar que fuera rescatada por el Ejército Nacional.
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Este panorama no es tan diferente en la actualidad, pues los secuestros se siguen presentando, en su mayoría extorsivos, por lo que la mayoría de los familiares han pagado millonarias sumas de dinero para que su ser querido regrese a casa.
Ganaderos, comerciantes, funcionarios públicos y hasta familiares de funcionarios públicos han sido las víctimas.
Uno de los casos más recordados de los últimos dos años es el del reconocido comerciante y ganadero de Valledupar Javier Dayán García Maya, plagiado el 28 de octubre del 2022. Luego fue liberado por un denso operativo del Gaula de la Policía Nacional el 7 de enero de 2023, en Distracción (La Guajira), donde permaneció atado con cadenas y candados en un rancho.
Sus secuestradores enviaron varias pruebas de supervivencia a los familiares del comerciante, al tiempo que realizaban las altas exigencias económicas. Para el día que se reencontró con sus familiares García Maya llegó con el rostro alegre, pero a la vez afligido por todo lo vivido durante su cautiverio.
En este caso fueron capturados Javier de Jesús Morales Brito, Luis Dairon Levete Meza, Jáiner Calixto Cotes Fuentes, Esnéider de Jesús Manjarrez Bolívar y Yéiner José Rodríguez Bermúdez, como presuntos autores materiales del hecho e integrantes de una banda delincuencial que delinquía en los departamentos del Cesar y La Guajira. Aún son procesados penalmente.
Esperanzados en la paz
A fecha de este junio de 2025 en el Cesar se han registrado, con cifras de la Policía Nacional, cuatro secuestros. De ellos tres de las víctimas aún están en cautiverio, como es el caso de la ex personera del municipio de Tamalameque Yenni Vanesa Salazar Zabaleta.
Está en poder de la guerrilla del ELN que pide la exorbitante suma de $15.000 millones para liberarla, y sus familiares han dicho que ni que todo el pueblo se una y ellos vendan hasta los enseres de la vivienda logran conseguir ese monto. Por ello están esperanzados en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno nacional para que Yenni Vanesa sea devuelta mediante un acto humanitario.
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El comandante de la Policía del departamento del Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, manifestó que a través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación desarrollan un trabajo articulado enfocado en la identificación de los autores materiales de estos hechos criminales.
Además mantienen un acompañamiento constante a los familiares de las víctimas con el fin de recibir en tiempo real cualquier información que pueda ser suministrada por los victimarios.
“Paralelamente se despliega un operativo integral en el cual se coloca exposición de todas las capacidades institucionales con el propósito de traer a estas personas sanas al seno de su hogar, además se cuenta con personal idóneo y capacitado que trabaja las 24 horas del día en actividades de recolección de información garantizando así una respuesta oportuna y eficaz”, dijo el oficial.
Reconoció que este 2025, en su primer semestre, ha sido el más crítico, y eso se debe, a su juicio, a la violencia en la región del Catatumbo, relacionada con la intensificación de las actividades de los grupos al margen de la ley.
“Por esto el Estado colombiano decretó el estado de conmoción interior con el fin de hacerle frente a la crisis de orden público. Esta decisión impactó directamente a nuestro departamento ya que compartimos límites territoriales con la zona afectada especialmente desde los municipios ubicados en el centro y sur del Cesar, como consecuencia se vivieron alteraciones en integridad a la movilidad y el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas”, manifestó el coronel Morales Vargas.
Refirió además que el Gaula en los dos últimos años ha ejecutado operaciones significativas contra los grupos armados ilegales presentes en la región. Estas acciones han resultado en afectaciones directas al ELN y a las disidencias del frente 41 de las Farc. También la desarticulación de tres grupos delincuenciales organizados, logrando esclarecer el 67 % de los casos de secuestro registrados en el Cesar, mediante la identificación de los autores materiales e intelectuales de los hechos.
Llamado al Gobierno nacional
Juan Carlos Salazar, hermano de la ex personera de Tamalameque, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que su hermana regrese al seno del hogar. Contó que en todo el tiempo de cautiverio –casi cuatro meses–, tienen información de que el secuestro fue perpetrado por el ELN, y que por mediación humanitaria de la Iglesia católica pudieron tener una prueba de supervivencia en la que solo la pudo ver su madre, y no quedarse con ella. Es decir, la persona que actuó como mediadora se limitó a mostrársela.
“Es una situación muy difícil por la que estamos pasando. Somos una familia de padres campesinos que con esfuerzo nos dieron educación a ella y a mí, en mi caso soy médico. No tenemos esta alta cantidad de dinero que están pidiendo y nos duele saber que ella no debe estar bien, seguramente está pasando hambre, durmiendo en tablas en condiciones que ni siquiera nos podemos imaginar. Yenni actualmente estaba dedicada a la agricultura y precisamente el día que se la llevaron estaba supervisando unas plantaciones de palma”, contó Juan Carlos Salazar.
Añadió que espera que todas las manifestaciones que han realizado como familia y como pueblo de Tamalameque lleguen al presidente Gustavo Petro para que el secuestro de su hermana, la expersonera, sea llevado a las mesas de negociaciones de paz y se pueda terminar el sufrimiento que tiene toda una familia.
Este mismo llamado hizo el senador cesarense Didier Lobo Chinchilla, evocando que se necesitan medidas urgentes y concretas ante el delito del secuestro.
“Me levanto de nuevo en plenaria porque parece que en este país las cosas se olvidan rápido. Ya lo había dicho antes, pero aquí seguimos con el corazón roto porque no ha pasado nada. Salazar fue secuestrada en el trayecto entre La Vega y Saloa, Cesar, y su familia recibió un video en el que aparece visiblemente deteriorada, suplicando ayuda, mientras sus captores exigen una suma inalcanzable: 15 mil millones de pesos. Su familia ha rogado, ha hecho velatones, y lo único que reciben es silencio. ¿Dónde está el Estado para protegerla? ¿Dónde están las autoridades que juraron cuidarnos?”, cuestionó el senador.
El congresista también destacó el secuestro múltiple en Calamar, Guaviare, donde ocho personas —entre ellas líderes sociales, madres y trabajadores humildes— continúan en cautiverio. “Sus familias no duermen, esperando noticias que no llegan. No es justo que la gente humilde pague con su libertad y su vida la incapacidad de este gobierno”, afirmó el legislador.
Finalmente hizo un llamado urgente y enérgico tanto a los grupos armados ilegales como al Gobierno nacional: “A los criminales les digo: devuelvan a estas personas. Son padres, madres, hijos como los suyos. Y al Gobierno le exijo: basta de palabras bonitas, basta de excusas. Queremos acciones reales, queremos a estos colombianos de vuelta en sus casas”.
