La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años y ocho meses de prisión al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco por actos relacionados con corrupción.
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Según la Fiscalía el exfuncionario fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La decisión judicial le impone a Monsalvo Gnecco una multa de 1.537 millones de pesos y lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por 261 meses. Esta decisión del alto estrado judicial fue apelada por la defensa encabezada por el exmagistrado José Luis Barceló.
Para esto, los magistrados avalaron los argumentos del ente acusador que demuestran cómo el exgobernador incurrió en una serie de irregularidades durante el trámite, suscripción y liquidación de un contrato de suministro de alimentos para los estudiantes del departamento; así como la apropiación de más de 1.537 millones de pesos a favor de terceros.
De acuerdo con la investigación, el 21 de agosto de 2015, la Gobernación del Cesar, en el marco del Plan de Alimentación Escolar (PAE), firmó un contrato por 17.145 millones de pesos para prestar el servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes ubicados en zonas rurales y urbanas.
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La Fiscalía evidenció que Monsalvo Gnecco direccionó el contrato para favorecer a un contratista previamente determinado. Al parecer, en un proceso licitatorio que fue irregularmente estructurado, de forma tal que, en los estudios previos, no se tuvo en cuenta el número de estudiantes que serían beneficiados, ni se estableció la cantidad de raciones que debían ser entregadas.
Tampoco se realizaron estudios nutricionales para determinar los alimentos a suministrar, no se priorizaron menores de edad en situación de vulnerabilidad, ni se establecieron dietas o complementos alimenticios, y se omitieron análisis de mercado. Esto representó sobrecostos por 1.537 millones de pesos.
El fallo además ordena al INPEC trasladar al hoy condenado a un centro carcelario para que cumpla su condena.
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La defensa de Monsalvo Gnecco, se basó el principio de la apelación en que existen errores por parte de la Fiscalía en un supuesto peculado que inicialmente fijó en $3.174.651.582. Posteriormente, la Corte indicó que el cálculo estaba mal y estableció la cifra en $1.537.021.828, pero el abogado José Luis Barceló, dice que ni el primer monto, ni el segundo son reales, que al contrario nunca existió peculado y que contrario a la versión del ente acusador, no hubo favorecimiento al particular, sino que el contratista tuvo pérdidas.
Para demostrar esto, la defensa del exgobernador es puntual al evidenciar las fallas de la Fiscalía cuando estableció las supuestas irregularidades en los valores del IPC (Índice de Precios al Consumidor), los impuestos o estampillas y las diferencias entre la estructura de costos frente a la ejecución reales del contrato.
Finalmente, en la exposición de la defensa del exgobernador del Cesar, se establece, también, que existe una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, pero yendo en contravía de los intereses económicos del operador y solo en el ítem de alimentos el contratista tuvo pérdidas por $2.756.273.158. Es decir, sí hubo fallas en los cálculos del PAE 2015, pero favoreciendo a la Gobernación del Cesar y no al contratista.
