En el auditorio de la Universidad Popular del Cesar se llevó a cabo la primera audiencia de observaciones, para la resolución de conclusiones a ex integrantes de la fuerza pública, en este caso del Batallón La Popa de Valledupar, en el proceso del Caso 3 de la Costa Caribe, que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, para dar claridad a las muertes extrajudiciales y que permitirá definir las sanciones que se les impondrán a los comparecientes.
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Cabe indicar que la JEP tiene con nueva evidencia que da cuenta de la comisión de ocho asesinatos y desapariciones más en el subcaso Costa Caribe, por tanto entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes de dicho cantón militar fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en 77 eventos.
En este sentido, la Jurisdicción les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada a 25 miembros de la fuerza pública y un civil ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Sin embargo, no todos los comparecientes participaron de las audiencias antes mencionadas. Los casos del coronel (r) Publio Hernán Mejía y los tenientes coroneles (r) Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Allí, de ser vencidos en juicio, podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel
Así las cosas en el desarrollo de la audiencia las víctimas y representantes judiciales le manifestaron sus observaciones a la magistratura.
'Hemos pensado mucho en las familias que están hoy aquí, en que todas, con seguridad, guardan en sus casas los recuerdos y los retratos de sus hijos, nietos, padres, hermanos y hermanas que fueron arrancados de sus vidas violentamente', dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa.
Lina Hurtado, representante de víctimas, pidió que los comparecientes amplíen el relato relacionado con el caso de Evelio Vaca, asesinado el 31 de julio de 2003, puesto que la justicia ordinaria estableció que su cuerpo tenía evidencias de violencia antes de su muerte
Por su parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las familias de las víctimas coincidieron en pedir que en esta nueva etapa se acentúe el nivel de reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes, que den más información y detalles que aún no se conocen.
Laura Piña, hija de la víctima Álvaro Adolfo Piña, se refirió a la importancia de conocer mayores verdades sobre las circunstancias en las que fueron asesinados sus seres queridos. 'Las víctimas una y otra vez demandamos verdad, verdad y verdad', dijo.
{"titulo":"Grafitis de las AGC atemorizaron a habitantes de Valledupar y Pueblo Bello ","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/grafitis-de-las-agc-atemorizaron-habitantes-de-invasion-en-valledupar-y-pueblo-bello-1029109"}
También, Rocío Escorcia, hermana de la víctima Jhon Jáder Escorcia, pidió que los comparecientes tengan en cuenta a las víctimas y les pregunten qué quieren para sentirse reparadas. 'Los proyectos que ellos tienen no van de acuerdo con el proceso de muchas víctimas', manifestó.
En este primer día de audiencia también asistieron autoridades de los Pueblos Wiwa y Kankuamo, quienes hicieron un ritual de armonización musical para dar inicio a la audiencia. Y, Katherine Pacheco, familiar de una víctima, explicó el significado de los elementos simbólicos aportados por las víctimas para vestir esta audiencia.
Para mañana viernes 1 de septiembre la JEP tiene programada la continuidad de la audiencia.
