El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer que la entidad identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional.
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Dijo que lo anterior fue revelado en la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
'Hemos emitido esta Alerta Temprana Electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades', Camargo Assis.
En cuanto a la región Caribe, el departamento del Cesar, es uno de los que está en riesgo extremo específicamente los municipios de La Gloria, San Alberto y San Martín.
De acuerdo con la entidad, este territorio hace parte de la zona 3 que comprende, además el sur de Bolívar y Magdalena Medio, donde hay presencia de actores armados ilegales como facciones disidentes de las Farc, EP, ELN, y las AGC.
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En este parte se han presentado conductas vulneradoras, encontrando que del 1 de enero al 9 de agosto de este año se registraron 10 afectaciones contra personas en el proceso electoral. Adicionalmente se ha advertido dispuesta de economías ilícitas; amenazas y homicidios de líderes sociales, amenazas contra defensores ambientales, aumento de secuestros, entre otros.
La Alerta Temprana también revela que en el departamento de Bolívar hay nueve municipios con riesgo extremo para los comicios regionales.
Para estas elecciones aumentó 39% el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.
'Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades', solicitó el Defensor del Pueblo.
