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Contrato de peajes en Cartagena tendría irregularidades de $300 mil millones

Vinculados siete exalcaldes, exdirectores de Valorización, exgerentes y exsubgerentes de Edurbe, entre otros.  

La Contraloría informó este jueves en un comunicado que calculó en más de $300 mil millones el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en la ciudad de Cartagena. 

"El daño pasó de $3.500 millones a $89.000 millones, a precios de 1997, que equivalen a $300 mil millones de hoy", se lee.

El ente de control determinó inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de la operación, y realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario, encontrando que la TIR se habría alcanzado en 2015. 

Por ello, vinculó al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por estos hechos "a siete exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, quienes son llamados a dar explicaciones sobre los hechos generadores del detrimento fiscal".

También figuran el titular del concesionario, así como el interventor.  

Así mismo, mediante auto del pasado 8 de enero, el Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se dispuso también mantener vinculados, en calidad de presuntos responsables fiscales, a quienes tenía en tal condición desde septiembre de 2017: el Concesionario (Concesión Vial de Cartagena S.A.) y dos exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena.

Y con el garante (la compañía aseguradora Mapre), llegan en total a 39 los vinculados. 

"La Contraloría General, en ejercicio del control fiscal excepcional y luego de que el contralor Felipe Córdoba declarara estos hechos de impacto nacional para conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción a finales de 2019, produce los primeros resultados de las investigaciones adelantadas", indica la información.

Para el organismo de control "no se evidencia una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre su pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión. Tampoco se evidencia un análisis sobre su veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado".

Advierte además la Contraloría que no se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por Edurbe como supervisor o interventor ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito como entidad concedente y que podrían estar impactando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada.  

"Considera la Contraloría que, con los medios de prueba recaudados es posible establecer indicios serios de que dicho control de costos no se habría realizado a cabalidad por la entidad concedente ni la entidad titular de la valorización ni por la sociedad contratista encargada de la interventoría en la fase de operación de la concesión y respecto de las obras adicionales o complementarias por parte de quienes gerencian dicha entidad del orden departamental contratada para tal efecto por el Distrito ni por los subgerentes técnicos que tenían la función más específica de dirigir las interventorías contratadas con Edurbe, como esta concesión", reporta la entidad.

Finalmente, explicó el ente de control que queda pendiente dentro de este proceso fiscal recibir las versiones libres de los vinculados en garantía del debido proceso y el derecho de defensa, y verificar el costo de las obras iniciales y complementarias así como los gastos de operación de la concesión a través de la sociedad Operación Vial de Colombia, con la que se habría suscrito una serie de contratos de mandato por parte del concesionario para que realizaran el recaudo de peajes, las obras de mantenimiento y la administración de la  concesión, que equivalen al 70% de los gastos de la concesión desde que comenzó la fase de operación.

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