Las audiencias virtuales programadas dentro de los procesos penales que le adelantan a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés por la masacre de Chimá y por abigeato agravado, se han visto afectadas por las fallas en la conectividad en la cárcel Ternera de Cartagena.
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Esa ha sido la constante que ha originado la suspensión y reprogramación de dichas diligencias en medio de las apretadas agendas que tienen los despachos judiciales que, por demás, están a punto de entrar en cese de actividades colectivas.
La más reciente audiencia que fracasó fue la preparatoria de juicio por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios de los que fueron víctimas el ganadero y empresario Esteban Urueta González y sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado.
Cuando el delegado de la Fiscalía anunciaba las pruebas que hará valer en el juicio oral, se perdió la conexión con los procesados en el penal, lo que ha sido una constante, por lo que el juez debió suspender la diligencia y reprogramarla para el próximo 10 de diciembre en horas de la tarde, y en aras de evitar una situación similar ordenó el traslado de los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés a un centro judicial de Cartagena.
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Amenaza
En lo que pudo avanzar esa audiencia el defensor de los señalados de los hechos punibles, el abogado penalista Lesmer Quintero Argel, anunció sus pruebas, entre ellas audios en los que miembros de las AGC amenazan a Cristian Petro para que declare culpable de los tres crímenes.
