Garantizar la prestación del servicio de energía en los barrios eléctricamente subnormales del Caribe se ha convertido en uno de los mayores desafíos para Afinia, filial del Grupo EPM. La empresa enfrenta altas pérdidas, bajo recaudo e incluso impagos de subsidios por parte del Gobierno nacional en los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba, donde opera la comercializadora.
De acuerdo con su informe de gestión con corte a agosto de 2025, Afinia deja de recaudar más de $300 mil millones anuales en estos sectores, una cifra que refleja el impacto financiero y operativo que esta situación genera sobre la prestación del servicio en la región Caribe.
Actualmente, la compañía atiende 887 barrios clasificados como eléctricamente subnormales, donde habitan más de 165.000 familias. Estas zonas consumen en promedio 49 millones de kWh mensuales, con una facturación estimada de $26.483 millones, pero un recaudo efectivo de apenas $1.375 millones, lo que equivale a una tasa de recaudo del 5,19 %.
Del total de barrios subnormales, solo 377 cuentan con certificación técnica expedida por los entes territoriales, es decir, el 42,5 %. Esta certificación, que debe renovarse cada año, constituye el reconocimiento oficial de que el barrio carece de infraestructura eléctrica formal y no cumple las normas técnicas establecidas.
Desde la Ley 812 de 2003, Colombia reconoció oficialmente estas zonas como áreas especiales y estableció la obligación de garantizarles acceso a la energía según sus posibilidades de pago y sus condiciones técnicas, generalmente inferiores a las reglamentarias.
Estos asentamientos surgieron en su mayoría por causas como el desplazamiento forzado, la pobreza y el crecimiento urbano desordenado.
Esta situación evidencia un problema estructural que involucra tanto a las comunidades como a las autoridades del sector energético. Mientras se gestionan los recursos para ejecutar los proyectos de normalización, Afinia continúa garantizando el suministro mediante 2.169 medidores totalizadores o comunitarios, que agrupan a unas 165 mil familias. Estos equipos registran el consumo global de cada sector y permiten mantener el servicio, aunque sin facturación individual ni control del consumo.
“Superar la subnormalidad eléctrica no solo es un reto técnico, sino una urgencia social. Cada familia que logra acceder a un servicio formal y medido representa un paso hacia un Caribe más seguro y sostenible”, destacó Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia.
Acciones y búsqueda de soluciones estructurales
Afinia ha iniciado un censo detallado de los suministros no residenciales ubicados en estas zonas, con el fin de establecer esquemas de facturación más equitativos que mejoren el recaudo y garanticen la sostenibilidad operativa.
De forma paralela, la empresa avanza en mesas técnicas con alcaldías, gobernaciones y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para identificar los barrios prioritarios e impulsar proyectos de modernización eléctrica y legalización de usuarios.
Estos proyectos incluyen la renovación de redes, la instalación de medidores individuales, la sustitución de transformadores comunitarios y campañas pedagógicas sobre cultura de pago y uso seguro de la energía. El objetivo es integrar progresivamente a los usuarios al sistema formal.
Entre las medidas adicionales, Afinia ha considerado la aplicación de periodos de continuidad concertada, avalados por la regulación. Esta estrategia permite establecer acuerdos comunitarios para reducir gradualmente los cortes programados en la medida en que mejore el recaudo y el cumplimiento de los compromisos por parte de los usuarios.
Una deuda social y financiera con la región
La subnormalidad eléctrica no solo representa un desequilibrio financiero, sino también una deuda social con miles de familias que habitan en condiciones precarias y de riesgo. En estas zonas es común encontrar cables improvisados, postes de madera y conexiones con materiales reciclables, sin condiciones de seguridad ni respaldo técnico.
Afinia reitera su compromiso de garantizar redes seguras, servicio continuo y acceso equitativo a la energía, bajo esquemas que promuevan la corresponsabilidad de los usuarios. La empresa mantiene además su disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades locales y nacionales.
“Nuestro propósito es transformar la realidad energética del Caribe, pero para lograrlo se requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores: empresa, autoridades y comunidad. Es necesaria la corresponsabilidad ciudadana para la estabilidad del sistema eléctrico regional”, subrayó Arango Restrepo.
