El alcalde de Cartagena, William Dau, expresó su preocupación ante la programada subasta para incentivar a los inversionistas a que participen en el proceso para escoger el nuevo operador de energía eléctrica en la región Caribe.
El mandatario envió una carta al viceministro de Energía y presidente delegado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Diego Mesa Puyo, en la que le asegura que aunque es consciente del esfuerzo que el Gobierno nacional está haciendo para evitar un colapso financiero y técnico en el servicio de energía eléctrica que atiende a 2,5 millones de usuarios en la Costa Caribe, hay algunas 'preocupaciones que se deben aclarar antes de realizar la subasta'.
Expone que en la resolución que expidió la CREG para incentivar a los inversionistas a participar y ofertar en la subasta, a realizarse a finales de este mes, se fija un periodo de transición de 5 años en los que los inversionistas podrían recuperar sus inversiones vía tarifa, las cuales podrán ser definidas por los nuevos agentes del mercado, 'claro está sin que excedan los parámetros fijados por las respectivas autoridades para los costos máximos que pueden ser trasladados a los usuarios regulados', expresó.
Además, aclaró que no duda del interés de los nuevos agentes de atacar frontalmente el problema de las pérdidas de energía que hoy sobrepasa el 25% en el Caribe, 'pero el tiempo se ha encargado de demostrar que no es fácil para un mandatario local controlar esas apariciones subnormales que se conectan irregularmente a las redes, robándose el fluido'.
Ante esto, una de las preocupaciones del acalde Dau es que se cree haber entendido que las inversiones que se requiere en los sectores subnormales quedarán a cargo de los nuevos agentes, ya que tienen la responsabilidad absoluta en lograr niveles de pérdidas de energía aceptables o, de lo contrario, deberán devolver a los usuarios los recargos sufridos en las tarifas por incluir en los costos las pérdidas que sobrepasen los niveles de eficiencia.
Dau solicitó revisar los términos de la resolución. 'El Caribe y Cartagena han pagado los costos de un servicio de baja calidad, con graves repercusiones en sus economías. (...) Sería importante que los alcaldes podamos participar en controles a los nuevos agentes para ver si están cumpliendo con lo ofrecido', expuso en la misiva.
