Anuncian sanciones por transporte no autorizado
El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) sostuvo que las medidas se toman de acuerdo a una circular de la Supertransporte.
El Área Metropolitana de Barranquilla anunció este lunes que interpondrá duras sanciones a particulares que presten servicio de transporte no autorizado en la ciudad. Los operativos serán en coordinación con la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y la Policía Nacional.
Las sanciones se impondrán —dijo la entidad— en cumplimiento de la circular O15 de 2020 de la Superintendencia de Transporte que instruye a las autoridades para que “ante la prestación de transporte ilegal, no solo apliquen las sanciones de la ley de tránsito, sino también las sanciones del régimen de transporte terrestre, que pueden llegar hasta 700 salarios mínimos por cada infracción, entre otras”.
A través de dicha directriz, la Superintendencia de Transporte hizo un llamado a la entidades que conforman el Sistema Nacional de Transporte para que –dentro de su jurisdicción– apliquen las normas que se encuentran vigentes para el régimen de tránsito terrestre.
“Especialmente en lo relacionado con la prestación de transporte ilegal, y se impongan las sanciones previstas por el legislador en las distintas normas, cuando haya mérito para ello”, expuso la entidad.
Libardo García, director del AMB, indicó que la entidad ha venido adelantando acciones en contra de la ilegalidad en la prestación del servicio público de transporte.
Sostuvo, además, que en reiteradas ocasiones ha invitado a los particulares que prestan el servicio sin las debidas habilitaciones a formalizarse y cumplir los requisitos de ley para la prestación del servicio.
García también señaló que el transporte público es un servicio bajo la dirección, regulación y control del Estado de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de Colombia.
El funcionario fue enfático al sostener que el servicio público de transporte debe ser prestado por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas, de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte.
Con antelación, el AMB interpuso –ante la Fiscalía General de la Nación– una denuncia penal encaminada a ponerle freno a las plataformas tecnológicas dedicadas a ofertar servicios de transporte público con vehículos no habilitados por la autoridad competente.
Según el AMB, dichas plataformas estarían regulando tarifas del servicio público e incurriendo en actuaciones que son solo competencia de la entidad, facultada por la ley como autoridad de transporte metropolitano.
