Gobierno y GNF buscan solución ‘in extremis’
Expectativa por la última reunión entre ambas partes, antes de que venza el plazo dado por la firma española para demandar a la Nación. Por ahora se confirma la presencia de Sergio Aranda, director de GNF para la región, y de los ministros de Minas, Hacienda y Relaciones Exteriores.
El proceso de controversia internacional que Gas Natural Fenosa (GNF) presentó al Gobierno de Colombia por el caso de Electricaribe, desde agosto de 2016, llega a un punto definitivo pues se cumple el plazo final fijado para lograr un acuerdo amistoso.
Hoy se ha programado una reunión en Bogotá entre representantes de la multinacional española y del Gobierno colombiano para buscar la salida al recurso planteado por GNF que reclama el pago de $1.100 millones de euros, unos 3,6 billones de pesos, por las pérdidas causadas por los fraudes e impagos de los usuarios del servicio de energía en la Costa Caribe.
La controversia fue presentada por GNF en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España y tenía un plazo inicial de seis meses de diálogo, el cual se extendió por dos meses más.
De no lograrse un acuerdo el proceso pasaría a convertirse en una demanda internacional que sería manejada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington (Estados Unidos).
Reunión en Bogotá
A la reunión de hoy asistirán representantes de la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda; Minas y Energía; Comercio, Industria y Turismo, y la Cancillería. Se espera que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, participe y se ha confirmado la presencia de Sergio Aranda, director general de GNF para América Latina y directivos de la multinacional en Colombia.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, afirmó que es probable que la de hoy “sea la última reunión del ciclo de negociaciones” y afirmó que el Ministerio ha realizado reuniones semanales con los representantes de la multinacional española.
El senador Efraín Cepeda, miembro de la Comisión Accidental para el seguimiento a la intervención de Electricaribe en el Congreso de la República, afirmó que: “Rechazamos todo acuerdo entre Gas Natural Fenosa y el Estado colombiano distinto a la intervención y liquidación inmediata de Electricaribe. No más Electricaribe. Liquidación y nuevo inversionista responsable pronto. Sin inversión en redes el servicio irá de mal en peor”.
Encuentros previos
En desarrollo de la etapa de diálogo, Isidre Fainé se reunió con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, en noviembre del año pasado, luego de que el rey Felipe VI de España sostuviera un encuentro con el mandatario colombiano y trataran este tema, en el marco de la Cumbre Iberoamericana realizada en Cartagena.
GNF recientemente recibió el respaldo de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), gremio que integra a unos dos millones de empresas de diferentes sectores económicos, que solicitó a la comisaria de Comercio de la Unión Europea Cecilia Malmström su mediación en la controversia, quien aceptó mediar en el proceso.
Electricaribe, empresa distribuidora y comercializadora de energía para la costa Caribe, en la que Fenosa tiene una participación accionaria del 85%, se encuentra intervenida, desde noviembre del año pasado, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, situación que aumentó la tensión con la empresa matriz en España.
Al Estado: el reclamo de GNF
Gas Natural Fenosa está exigiendo al Estado colombiano el pago de 3,6 billones de pesos por las pérdidas que ha tenido la compañía española por los fraudes y los impagos de los usuarios a Electricaribe.
Para mejorar el servicio se quiere una inversión de 1,5 billones de pesos en la infraestructura eléctrica.
La decisión de la Súper frente a la toma de Electricaribe
La expectativa de la reunión de hoy en Bogotá se extiende a la decisión que tomará mañana la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe.
La compañía española fue intervenida mediante la Resolución SSPD 20161000062785 del 14 de noviembre de 2016, con el fin de asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, ante el riesgo que existía en ese momento de un apagón por la cesación de pagos a las generadoras de energía. Además, no se daban garantías de “condiciones para prestar el servicio con la continuidad y calidad debidas”.
En el documento se estableció un plazo de cuatro meses para definir qué pasará con la empresa de servicios, el cual vence mañana.
Dentro del proceso, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, ha explicado que tiene dos caminos para decidir sobre la intervención: administrar o liquidar la compañía.
En caso de optar por la primera alternativa, esta tendrían un plazo de dos años. Si se escoge la segunda, no se aplicaría ningún término, pues esto dependerá de la rapidez con la que el Gobierno colombiano realice el proceso de contratación de un nuevo operador para la prestación del servicio.
