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El titulo es:“Gobierno abandonó a Barranquilla con su canal de acceso”: Char

“Gobierno abandonó a Barranquilla con su canal de acceso”: Char

El mandatario señaló que la nación tiene la responsabilidad del mantenimiento del calado. Resurge debate por autoridad portuaria. 

Mery Granados
Mery Granados
El alcalde durante la reapertura de la Unidad Deportiva Pibe Valderrama. Mery Granados
Por: Jesus Blanquicet @Jesub

El mandatario señaló que la nación tiene la responsabilidad del mantenimiento del calado. Resurge debate por autoridad portuaria. 

El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub criticó al Gobierno nacional por “abandonar” a la ciudad con la situación del canal de acceso. 

“Esa es una lucha que tenemos con el Gobierno. Me da pena hablar de este tema aquí. La queja como ciudadano, además que como Alcalde, es que el Gobierno nacional abandonó a Barranquilla y su canal de acceso, y se pierden miles de empleos”, afirmó.

Char, durante un evento en la ciudad, recordó que su padre, Fuad Char, propuso la ley.  “En el año 1991, mi viejo (Fuad Char) fue ponente de esa ley, la nación tiene la responsabilidad del calado óptimo para ponernos en las mismas condiciones de Cartagena, de Santa Marta, de Buenaventura y nos ha fallado”, manifestó 

El alcalde agregó que “la Nación tiene la responsabilidad del mantenimiento del calado óptimo. Nos sumamos a las iniciativas que quieren que el Gobierno se ponga firme y nos acompañe con el tema del superpuerto”.  

Autoridad portuaria

Distintos actores del sector portuario en Barranquilla proponen la creación de una autoridad local que se encargue de manejar, regular  y organizar las operaciones de las terminales marítimas de la ciudad. 

La iniciativa que fue propuesta en el año 2000, desde que se transformó la Superintendencia  General de Puertos en un organismo de control del transporte público, fue retomada posteriormente en julio de 2012 cuando fue presentado  un proyecto de ley, pero este fue “engavetado”. 

La medida fue planteada en marzo de 2017 en La Tertulia de EL HERALDO, en la que se habló de la necesidad de contar con una única autoridad portuaria que articule a todas las entidades que tienen competencias sobre el puerto. Tampoco dio resultados, pero resurgió nuevamente a raíz de los problemas que se registran en el canal de acceso.

Pero esta autoridad, según dicen los expertos, no debe ser un funcionario de una Alcaldía o de alguna dependencia del Gobierno nacional, entendiéndose como un cargo burocrático, sino más bien “una entidad con total autonomía”, que pudiera ser vigilada y controlada por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Portuarios y el representante a la cámara César Lorduy, son específicos con alguna de las funciones  que la autoridad portuaria debería tener, entre otras: la prestación de los servicios portuarios generales, planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras .

“Esta iniciativa no es nueva, en el pasado fue liderada por el ingeniero Ricardo Barrios, primer director ejecutivo de Asoportuaria.  La misma fue recogida por el entonces senador Roberto Gerleín, por la vía de modificar la ley 1 de 1991 o Estatuto de Puertos, que no fue debatido y por el contrario archivado”, manifestó Lorduy.

Sostuvo que en la actualidad  la figura del Coordinador de Asuntos Portuarios, es solo para hacer efectivas las funciones que tiene el Alcalde, en virtud de la ley 768 de 2002, “pero no tiene las funciones de una Autoridad Portuaria”.

Carlos González, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) manifestó que se busca el desarrollo en potencia de la navegabilidad del río Magdalena, por ello se han planteado objetivos específicos.  

“Planteamos manejar  nuestras cosas acá en el departamento, como sucede en otros países. Es decir queremos tener en nuestras manos  la responsabilidad de dragar el canal, y esto se daría creando una autoridad portuaria”, manifestó González

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, señaló que los alcances de la ley 768 de 2002 como marco jurídico vigente permitiría “la integración” en el Área Metropolitana del Caribe de los municipios costeros desde Cartagena a Santa Marta.

 “Ese ente permitiría la creación de una autoridad portuaria regional, que impulsaría la coherencia de los POT en ese corredor y el desarrollo de regulaciones tributarias especiales, que se tomarían como base para una Zona Económica Especial del Caribe”, dijo Plata. 

 

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