En video | Recortan el plan de ayuda a las víctimas en $20 billones

El director de la Unidad para Víctimas, Ramón Rodríguez, dice que con un decreto buscan establecer nuevos criterios para el pago de las indemnizaciones a los afectados por el conflicto.

Vídeo: Jeisson Fernández
Por: Alexandra De La Hoz @delahozalexa
Barranquilla

El director de la Unidad para Víctimas, Ramón Rodríguez, dice que con un decreto buscan establecer nuevos criterios para el pago de las indemnizaciones a los afectados por el conflicto.

Ramón Alberto Rodríguez, director nacional de la Unidad para las Víctimas, en visita a EL HERALDO explicó que la entidad está en proceso de reorganizar y direccionar los recursos para cumplir con la indemnización de las víctimas, por ello con el nuevo decreto (que está en borrador) el objetivo es modular esos pagos.

Según Rodríguez, cerca de 200 mil personas se hicieron pasar por víctimas ante el Registro Único de la Unidad de Víctimas, para acceder a una reparación. Estas personas habrían incurrido en un posible fraude y por eso se empezó a evaluar su exclusión en los trámites de postulación.

De ahí comenzó una depuración exhaustiva de la base de datos. Del Registro Único de Víctimas, se ha logrado depurar cerca de 15.000 registros que presuntamente presentaban inconsistencias, de los cuales, a la fecha, se han excluido 6.177 reclamantes, que corresponde a 34.641 personas.

En el departamento de Atlántico, la Unidad ha recepcionado 104 denuncias contra fraude, dentro de las que se han detectado 25 falsas declaraciones que equivalen a 132 personas excluidas.

“La modalidad de víctimas falsas implica la existencia de falsos testimonios o declaraciones sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos victimizantes. Generalmente en esta modalidad se pretende cobrar ayudas humanitarias o indemnizaciones. En algunos casos hemos identificado redes de tramitadores que cobran porcentajes o exigen sumas de dinero para estructurar este tipo de falsedades y luego cobrar las medidas que entrega la Unidad, aun acudiendo a acciones de tutela, en las cuales igualmente hacen incurrir en error a los jueces para el reconocimiento de dichas medidas”, explicó Rodríguez.

Agregó que “esas personas se dieron cuenta que los pillamos, todos los días hacemos depuración, estamos manejando 48 bases de datos y estamos fortaleciendo para llegar a 78. Nuestra meta es seguir haciendo cruce de datos para validar la información y poder incluirlos o no”.

El funcionario recordó que desde 2012 tienen campañas antifraudes y lo que hace el personal de la oficina jurídica es hacer el seguimiento a las denuncias que les presentan día a día, iniciar los procesos de investigación y trabajar muy de la mano con la Fiscalía, la Policía y con el Ejército.

Esas redes parecen que fueran muy sencillas, pero terminan involucrados actores ilegales

Caso de Malambo

En el municipio de Malambo, víctimas del conflicto armado denunciaron los cobros que han recibido por una persona que se hace pasar por funcionario de la Unidad para las Víctimas prometiéndoles agilizar trámites de vivienda e indemnización.

La entidad lanzó la campaña contra el fraude “Que no le echen cuentos”, mediante la cual hará seguimiento e indagación a estos hechos y delitos que atentan contra la política de víctimas, incluyendo a falsas víctimas.

Según la denuncia, la persona se hace pasar como funcionaria de la Unidad y les cobra $20 mil pesos para cubrir gastos de papelería.

Según informa el enlace de víctimas del municipio de Malambo, Karen Tordecilla, “son muchas las personas que se han acercado al nuevo punto de atención para denunciar la misma situación, incluso, jóvenes que no son víctimas del conflicto, aseguran que ‘Johanna’ les afirma que están incluidos en el RUV y que pueden tener acceso a las ofertas o convenios de estudio, y no es así”.

Este caso y otras 6.796 quejas recibidas a junio de 2019 están siendo atendidas e investigadas por la  Unidad para las Víctimas a través del Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes -GIPF-, quienes analizan las denuncias de usuarios, funcionaros, colaboradores y otras entidades sobre el tema con el apoyo de la Fiscalía.

Los departamentos donde se ha registrado el mayor número de quejas son: Cundinamarca (1320), Antioquia (1315), Valle del Cauca (505), Huila (417), Tolima (364), Nariño (323), Magdalena (310), Bolívar (290), Norte de Santander (237), Risaralda (196), Santander (188), Cauca (163) y Cesar (131).

En la página web de la Unidad para las Víctimas se encuentran los formatos que las víctimas pueden diligenciar si tienen denuncias sobre hechos irregulares. También pueden enviar un correo a la dirección grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co donde pueden relacionar y adjuntar la información y denunciar los hechos de fraude, o hacerlo directamente en los Puntos de atención a víctimas.

El decreto lo han utilizado para hacer políticas, para buscar votos, para enredar a las víctimas

El decreto

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, también explicó que el decreto se encuentra en borrador y el mismo ha sido socializado con las víctimas.

Rodríguez dijo que están llegando casi al millón de víctimas indemnizadas, pero es costoso el tema de indemnización, pues han invertido 6 billones de pesos en estos pagos y les queda un remanente de 6 a 7 millones de víctimas. “Como el registro queda abierto,  hacemos unos cálculos que necesitaremos unos 45 billones de pesos para poder pagar la indemnización”.

¿Qué busca el decreto? Busca modular los pagos de las indemnizaciones, la ley establece pagos hasta 40 salarios mínimos y actualmente  están pagando los 40 salarios mínimos en todos los casos, dependiendo del hecho victimizante y la conformación del núcleo familiar.

“El decreto lo han utilizado para hacer políticas, para buscar votos, para enredar a las víctimas, les han dicho que les están quitando la indemnización y lo que estamos haciendo es modular los montos. Modularlos en qué sentido, es diferente la víctima que fue desplazada y se movió de su territorio por cinco horas por ejemplo, a la víctima que nunca pudo volver a su territorio y ahí vienen los diferentes pagos de los montos”.

Otro de los cambios que se plantea en el decreto  es que están dándole respuesta a todas las inquietudes que les hicieron desde el momento de la publicación, es decir, que no tendría el incremento del salario mínimo, sino el incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) para el incremento de año a año.

También buscan que las víctimas afectadas directamente por el conflicto sean a quienes se les entregue la indemnización y es el reconocimiento a las víctimas del momento que surgió el desplazamiento y no posterior cuando tuvieron tres o cuatro hijos y conformaron un nuevo núcleo familiar.

Que el hecho víctimizante no sea heredable, sino reconocerles directamente a quienes vivieron los hechos en su momento. Esos son los tres efectos más grandes que tiene el decreto, dijo el funcionario.

Presupuesto se reducirá en $25 billones

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, también explicó que el decreto con el que se pretenden establecer nuevos criterios para el pago de indemnizaciones a víctimas, se encuentra en borrador y el mismo ha sido socializado con las víctimas.

Rodríguez dijo que están llegando casi al millón de víctimas indemnizadas, pero es costoso el tema, pues han invertido 6 billones de pesos en estos pagos y les queda un remanente de 6 a 7 millones de víctimas. “Como el registro queda abierto,  hacemos unos cálculos que necesitaremos unos 45 billones de pesos para poder pagar la indemnización”.

En ese orden de ideas, con estos nuevos criterios buscan llegar a un mayor número de víctimas y poder cumplir de una “manera responsable” con los pagos, pues las víctimas les han manifestado que prefieren que les paguen algo hoy a no esperar 20 años y que no les paguen nada.

Es así como estiman que el monto global de los 45 billones de pesos se reduciría a 25 billones de pesos y así sería proporcional en el tema de las víctimas, se les “descuadraría el monto en un 30 por ciento”, pero muy relacionado con el tiempo de afectación del hecho victimizante.

“Queremos hacer un barrido general y pagar un hecho victimizante a cada una de las víctimas que están en el registro. Eso es lo que estamos haciendo en el ajuste”, explicó.

¿Qué busca el decreto? Busca modular los pagos de las indemnizaciones, la ley establece pagos hasta 40 salarios mínimos que se pagan a las víctimas dependiendo del hecho victimizante y la conformación del núcleo familiar.

“El decreto lo han utilizado para hacer políticas, para buscar votos, para enredar a las víctimas, les han dicho que les están quitando la indemnización y lo que estamos haciendo es modular los montos. Modularlos en qué sentido, es diferente la víctima que fue desplazada y se movió de su territorio por cinco horas por ejemplo, a la víctima que nunca pudo volver a su territorio y ahí vienen los diferentes pagos de los montos”.

Otro de los cambios que se plantea es que no tendría el incremento del salario mínimo, sino el incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) para el incremento de año a año.

También buscan que las víctimas afectadas directamente por el conflicto sean a quienes se les entregue la indemnización y es el reconocimiento a las víctimas del momento que surgió el desplazamiento y no posterior cuando tuvieron tres o cuatro hijos y conformaron un nuevo núcleo familiar.

Que el hecho victimizante no sea heredable, sino reconocerles directamente a quienes vivieron los hechos en su momento. “Esos son los tres efectos más grandes que tiene el decreto”,  detalló el funcionario.

 

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