El ‘top’ de deudas del sector público con Electricaribe
La empresa ya comenzó con una estrategia que incluye cortes a las alcaldías y terminación de contratos. Los ‘top 10’ de los que más deben.
Las deudas de las entidades oficiales en la Costa por facturas de energía empezaron a ser castigadas por la Electricaribe. En seis alcaldías municipales ya han suspendido el servicio en las últimas dos semanas. Pero en la Región Caribe la compañía tiene la lupa sobre 277 morosos.
Nación ($5.008 millones), departamentos ($23.957 millones) y municipios ($174.546 millones) tienen una cartera, acumulada de entre 5 y 10 años, que asciende a $203.512 millones ($145.207 millones de capital y $58.304 millones de intereses), a corte del 31 de diciembre de 2016. En enero del año pasado, la deuda era de $153.000 millones, lo que significa un crecimiento del 33% en un año.
Las cifras evidencian que el 95,8% de los municipios (187 de 195) de la Costa tienen deudas con la empresa de servicios de energía. En Atlántico todos (23) registraban hasta el 31 de diciembre en la lista de deudores; En Bolívar 43 de 46, Cesar con 21 de 25, todas las Administraciones (30) de Córdoba, 14 de 15 en La Guajira; y todas las de Magdalena (30) y Sucre (26).
Electricaribe fue intervenida el pasado 15 de noviembre por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La medida fue justificada con una crisis financiera que atraviesa la empresa, la cual la tenía al borde de una “cesación de pagos” a las generadoras que le venden la energía. La Superservicios aseguró que así no estaba “en condiciones de prestar el servicio con la continuidad y la calidad debidas”, como quedó consignado en la Resolución 20161000062785.
La administración de la empresa quedó a cargo de Javier Lastra, agente especial; y Edgardo Sojo, presidente. Sojo reconoció que los cortes a las alcaldías hacen parte de una “estrategia” para recuperar los millonarios recursos que le deben a la compañía desde el sector oficial. “Estamos haciendo una labor muy intensa en las carteras de los entes territoriales”.
Además de los cortes a las sedes de las administraciones municipales, Electricaribe ha expresado la intensión de finalizar los contratos que tienen con hospitales y colegios que les adeudan dinero. En Atlántico la medida fue anunciada contra los hospitales departamentales Cari, en Barranquilla, y de Sabanalarga. Entre ambos, a corte de febrero, adeudan $7.700 millones. A 31 de diciembre eran $5.248 millones.
“Hay una reglamentación constitucional que nos impide cortarles la luz, pero no podemos seguir regalándola. Un director de hospital, por ejemplo, puede justificar que no tendrá un efecto inmediato el no pago, y dejarnos con baja prioridad dentro de las deudas que tiene. Sabemos que todos tienen problemas, las EPS no pagan. Pero igual no honran la deuda de energía porque no tiene una consecuencia directa”, enfatizó el presidente de la empresa de servicios. En la Costa, Electricaribe atiende a 2,5 millones de usuarios regulados.
La nueva Administración de la empresa está “dispuesta a suspender los contratos” con hospitales, colegios y acueductos. Lo que los obligaría a buscar otro comercializador que “acepte sus condiciones”. “Electricaribe es una empresa que está en crisis, no tiene por qué seguir asumiendo esas deudas”.
Sojo aseguró que el plan de cobro consiste en “cambiar” la situación con la “ayuda de gobernadores y alcaldes”. “Que la gente sepa que el servicio es bueno, en la medida que paguen las facturas. Hemos insistido, desde la toma de la compañía, en el ‘todos ponen’, que es algo que tenemos que hacer todos. Y ellos no son la excepción, tienen que hacer un cambio de mentalidad”.
Los acuerdos de pago que han suscrito en el pasado entre la empresa y las entidades “es como si no existieran”, según el funcionario. “Es como salir, apagar el incendio y de resto no más. No podemos aceptar que no nos paguen la energía que nosotros sí tenemos que pagar a las generadoras”.
Desde antes de la intervención del Gobierno, bajo la administración de Gas Natural Fenosa (dueña del 85% de las acciones), Electricaribe ha reclamado en reiteradas ocasiones el pago de la cartera del sector oficial. En 2013, cuando le adeudaban $74.212 millones en la Costa, se quejaron ante el Ministerio de Minas y Energía, la Procuraduría y la Superservicios.
En una cumbre entre mandatarios de la Costa y el presidente Juan Manuel Santos, en enero de 2016, en Barranquilla, el Jefe de Estado anunció una “solución” para pagarle a la compañía. “Vamos a buscar una alternativa con las entidades locales y regionales, que tienen una deuda que asciende a $150.000 millones con Electricaribe. El Gobierno Nacional les va a facilitar la forma de pagar esa deuda a la mayor brevedad posible”, prometió entonces Santos, rodeado de gobernadores y alcaldes y ante los medios de comunicación.
Edgardo Sojo explicó a este medio que están buscando acuerdos de pago, para “concientizar a todos”, que sepan que en la empresa están con las “puertas abiertas” para negociar las carteras morosas. “Pero tienen que ser acuerdos honorables, no de papel. Ese es el primer paso”.
La estrategia de advertencia de terminación de contratos y cortes de energía ha dado sus primeros resultados. En Atlántico, el gobernador anunció esta semana el pago de las deudas de los hospitales Cari y departamental de Sabanalarga. Algunos secretarios del despacho estuvieron reunidos con Sojo el viernes, definiendo los acuerdos.
“Buena y mala paga”
El presidente de la empresa, sin embargo, enfatizó en que hay entidades “buena y mala paga”. Entre los casos “más negligentes”, por ejemplo, Electricaribe registra en Bolívar a las alcaldías de San Cristóbal, Santa Rosa de Lima, Córdoba Tetón, El Guamo, Cicuco, Pinillos y San Fernando y El Peñón, a los cuales se les adelanta acciones de tipo jurídico.
Por el contrario, destacan la “puntualidad con el pago o menos se atrasan” en el pago de las facturas y acuerdos a las administraciones de Cartagena, Villanueva, El Carmen de Bolívar, Mahates, Magangué y Santa Rosa del Sur.
En Atlántico ya han sido sancionadas con cortes las alcaldías de Repelón y Luruaco. La compañía informó que el Distrito de Barranquilla y la Gobernación “vienen pagando los acuerdos”.
Una de las mayores carteras de la empresa de servicios en Cesar es la del Hospital Regional San Andrés ESE, en Chiriguaná. Hasta hace dos meses debía $2.395 millones, que esta semana ya habían llegado a $2.484 millones. Según la gerencia de ese departamento, el hospital tiene un acta de acuerdo que “a la fecha han incumplido”. El Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, es otro sin acuerdo de pago.
El presidente de Electricaribe anunció que están programando una ‘toma’ de La Guajira. “Vamos a ir a despachar desde allá, por lo menos durante una semana, aprovechando la coyuntura de rescatar ese departamento. Estamos definiendo la fecha”.
La norma
Pago oportuno
La Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular 048 de 2008, recordó que existen unos deberes especiales de los servidores en el “pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios”, según lo establecido en la Ley 142 de 1994.
“Los representantes legales de las Entidades Territoriales deben incorporar en los presupuestos las partidas correspondientes y hacer las apropiaciones necesarias para cumplir en forma oportuna con el pago de los servicios públicos domiciliarios”, dice la norma.
El artículo 12 dispone que está prohibido: “El incumplimiento de las entidades oficiales de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución”.
Pese a lo ordenado por la Ley, no se conocen destituciones ni sanciones en contra de funcionarios públicos por el impago de estas obligaciones.
