En medio de la cruzada que ha emprendido contra la violencia sexual en colegios del país, la Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad por 12 años contra un exdocente del área de Ciencias Naturales y Química de la Institución Educativa Distrital Santa María de Barranquilla.
En el fallo de segunda instancia, que fue conocido en primicia por EL HERALDO, el Ministerio Público pudo determinar que el maestro – a cambio de colaborarle con la explicación de una tarea asignada a un familiar– asedió a la estudiante solicitándole favores sexuales y citándola a la institución educativa para acosarla en una jornada distinta a la que asistía.
Dichos actos, de acuerdo con el reporte del ente de control, se habrían registrado en horario de receso de clases para garantizar la ausencia de miembros de la comunidad educativa.
Adicionalmente, la Procuraduría señaló que se pudo comprobar que el exfuncionario abordó a empleados del aseo “para verificar si el salón de clases (…) se encontraba despejado”.
La falta del exdocente fue calificada como gravísima a título de dolo, al demostrarse que actuó “con verdadero conocimiento de lo que hacía y pretendía, violando con su comportamiento claras y concretas disposiciones legales y disciplinarias”.
El Ministerio Público puso de presente que uno de los deberes de los maestros es “aportar a la comunidad educativa el apoyo adecuado y oportuno para garantizar que el proceso educativo se convierta en una formación permanente, ligada al crecimiento personal, social o cultural, teniendo siempre de presente la dignidad humana, y más tratándose de aquellos que han sido puestos a su cuidado y atención como son los alumnos”.
La Procuraduría también aseguró que el sancionado vulneró el principio de moralidad “sobre la base que un docente debe ser ejemplo de rectitud, honorabilidad, respeto y confianza”.
Los hechos que fueron materia de investigación fueron denunciados ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Barranquilla en noviembre de 2021. La investigación por parte de dicha dependencia inició en febrero de 2022, pero en mayo del mismo año, la Procuraduría asumió el proceso por medio de poder preferente.
El fallo de primera instancia fue proferido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Barranquilla, en diciembre de 2023, siendo sancionado con destitución e inhabilidad por 13 años. La medida fue apelada en su momento, siendo la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico la que determinó confirmar parcialmente el fallo de primera instancia.
A nivel nacional
La procuradora Margarita Cabello indicó que –a nivel nacional– 191 funcionarios, entre docentes y administrativos, han sido destituidos o inhabilitados por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país.
Indicó, además, que 237 procesos se encuentran activos por situaciones de acoso o abuso sexual de funcionarios de entornos educativos contra menores de edad.
Informó también que, la mayoría de los procesos que se encuentran en curso son por situaciones de acoso y actos sexuales abusivos en menor de 14 años cometidos presuntamente por docentes, que en algunos casos, aún siguen dictando clases o continúan vinculados a la institución.
“Continuamos trabajando por colegios libres de cualquier tipo de violencia. En un mundo que gira tan rápido, no podemos olvidar la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes. Para nosotros en la Procuraduría, ellas y ellos son más que una prioridad. Son el corazón de nuestra misionalidad”, sostuvo la jefa el Ministerio Público.
Expuso que el órgano de control continuará con la vigilancia de las actuaciones de las autoridades competentes en la atención de este tipo de casos, en los que muchas veces se presentan omisión o no se activan las rutas y protocolos para atender a los menores de edad que son víctimas de este tipo de violencia.
Ministerio Repúblico reporta 40 informes con fines disciplinarios
La procuradora Margarita Cabello indicó que se remitieron 40 informes con fines disciplinarios tras la visita a 181 instituciones educativas en el país por funcionarios del Ministerio Público.
Dichas comisiones detectaron 698 casos de acoso escolar o bullying, 171 situaciones de ciberacoso y 179 de violencia sexual.
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“En la mayoría de casos, las agresiones se presentaron entre compañeros y compañeras. También encontramos a docentes como presuntos agresores. Además, el 15 % de los colegios no tenían protocolos de atención. Con la información recogida, he ordenado que se inicien las actuaciones disciplinarias a que haya lugar”, expuso.
También recalcó que “he ordenado constituir las agencias especiales en los procesos penales y, además, restablecer los derechos de las víctimas en los casos en que el presunto agresor sea un docente”.
