El Heraldo
Aspecto del nuevo puente Pumarejo. Josefina Villarreal
Barranquilla

Congresistas cuestionan demanda por obras del Pumarejo

En su concepto, las pretensiones económicas de la firma española Sacyr son “desconcertantes”.

Los congresistas de la bancada del Atlántico se mostraron en desacuerdo con la demanda por $133 mil millones que la constructora española Sacyr presentó contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) para solicitar el reconocimiento de costos adicionales en las obras del nuevo puente Pumarejo.

En diálogo con EL HERALDO, senadores y representantes a la Cámara expresaron su descontento con el proceder de la empresa, puesto que el año anterior retiró una primera demanda contra Invías, la cual estaba tasada por un valor menor ($115 mil millones).

Para el senador Carlos Meisel, este proyecto fue “muy mal estructurado” y actualmente no está cumpliendo con los objetivos planteados de “permitir el paso de buques de mayor tamaño”.

Asimismo, indicó que –con las pretensiones de la demanda– las obras del puente ascienden a cerca de 1 billón de pesos, lo que no se justifica en la actual funcionalidad de la obra: “Las obras de infraestructura son bienvenidas cuando son sinónimo de progreso y desarrollo. Esos recursos, por ejemplo, le hacen falta a la navegabilidad del río Magdalena”.

El congresista del Partido Centro Democrático no ocultó su preocupación debido a las “pocas luces” sobre el futuro  del antiguo puente Pumarejo, el cual se encuentra inhabilitado a pesar de los anuncios hechos sobre el proyecto para su intervención.

Por su parte, la representante Karina Rojano indicó que ante esta nueva demanda es “transcendental” que los árbitros sean transparentes con su situación jurídica y con los conflictos de interés que puedan tener. Esta aclaración la hizo ante los inconvenientes registrados con la querella anterior, cuando uno de los árbitros tuvo que renunciar por presuntas cercanías con un directivo de Sacyr.

“Debe revisarse lo anunciado por el Instituto Nacional de Vías frente a que la interventoría no recibió a satisfacción alguna de las actividades a cargo del contratista en el momento de la terminación del plazo del contrato, para que así mismo, de ser ciertos los presuntos incumplimientos se proceda con las acciones legales pertinentes”, expuso la congresista del Partido Cambio Radical.

La representante Martha Villalba indicó que si bien las circunstancias litigiosas son normales cuando hay un desacuerdo de algunas de las partes por incumplimiento de la otra, el proceder de la empresa Sacyr llama “poderosamente la atención”.

Recordó que en un principio desistieron de una demanda porque hay un presunto acuerdo entre las partes y llevan el litigio ante un tribunal de arbitramento de carácter privado y ahora, “aparentemente porque no le gustan las condiciones de ese arbitraje resuelven entonces seguir con la demanda pero ahora con precios y costos actualizados a valor presente”.

La congresista de La U calificó como “desconcertante” el proceso jurídico que se ha venido cursando en el litigio entre Sacyr e Invías: “Tras de que ha sido un proceso traumático que viene desde hace más de seis años, ellos lo quieren llevar a un terreno en donde hay más incertidumbre desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista litigioso”.

La inversión

Una inversión de $800 mil millones fue hecha por el Gobierno nacional para poner en funcionamiento esta obra. Cabe recordar que, en noviembre de 2018, se adicionaron recursos por $122.000 millones para posibilitar la terminación de la mega-estructura.

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