Desde el lunes 6 de abril entró en vigencia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social con el fin de modernizar y agilizar la justicia laboral en el país, haciéndola más eficiente, accesible y acorde con las necesidades actuales de trabajadores y empleadores.
El nuevo código –de acuerdo con el abogado Iván Polo Ecker– introduce cambios relevantes como la creación del proceso monitorio laboral, el fortalecimiento de las medidas cautelares, la ampliación de competencias de los jueces laborales municipales, la digitalización de las actuaciones judiciales y una mayor intervención del juez en la conducción del proceso.
En ese sentido, recalcó que no se trata de una reforma de los derechos laborales, sino que corresponde a una “transformación” del proceso laboral. Esto conlleva a que el país avance hacia un sistema judicial laboral más moderno, transparente y centrado en la garantía efectiva de derechos.
“Esto deberá implicar litigios más ágiles y menos margen para corregir errores durante el trámite judicial. Por eso, la mejor defensa laboral sigue siendo preventiva: comienza con decisiones empresariales bien documentadas y jurídicamente estructuradas desde el inicio”, aseguró el especialista en Derecho Laboral y magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
El experto indicó que una de las novedades del nuevo código es el proceso de monitorio laboral, un mecanismo más ágil para reclamar acreencias laborales claras, especialmente en asuntos cuya cuantía no exceda los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
“A través de este procedimiento, el trabajador puede solicitar directamente al juez que requiera al empleador para que pague la obligación o presente oposición dentro del término legal. Si no existe oposición, ese requerimiento judicial se convierte en título ejecutivo y permite iniciar la etapa de ejecución”, agregó.
En ese sentido, anotó que dicho proceso “cambia el escenario para las empresas, porque obligaciones laborales aparentemente menores, como salarios o prestaciones pendientes, pueden resolverse judicialmente en tiempos mucho más cortos que en el proceso ordinario laboral”.
Por otro lado, destacó que el nuevo código introduce una mayor digitalización del proceso laboral, lo que implica un cambio importante en la forma de interactuar con la justicia laboral.
“El código promueve el uso de medios electrónicos en la presentación de demandas, notificaciones, audiencias y actuaciones procesales, lo que reduce tiempos de trámite y facilita la gestión judicial”, anotó.
Al respecto, resaltó que “para las empresas esto significa la necesidad de fortalecer sus canales de notificación, organización documental y capacidad de respuesta jurídica oportuna frente a actuaciones electrónicas”.
Fue enfático al sostener que el nuevo código aplica únicamente a los procesos iniciados después de su entrada en vigencia. Por tal motivo, los procesos anteriores continuarán tramitándose bajo las reglas anteriores.
“La entrada en vigencia del nuevo código es el resultado de un proceso institucional serio en el que la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia de Colombia tuvo un papel determinante en esta ley”, anotó.
Y remarcó que “se trata de un esfuerzo orientado a modernizar el proceso laboral, hacerlo más ágil y alinearlo con las necesidades actuales del sistema productivo, de los trabajadores y de la propia administración de justicia. Ese origen técnico es importante, porque el código responde a problemáticas reales identificadas por los operadores judiciales durante muchos años”.
Por eso evidenció que el reto principal está en su implementación progresiva en los territorios, “especialmente en materia de digitalización del proceso laboral, fortalecimiento de los despachos laborales municipales, gestión eficiente de la carga judicial y del acompañamiento presupuestal necesario para que la Rama Judicial pueda consolidar las capacidades operativas que exige este nuevo modelo procesal”.
