La acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación que busca suspender el cobro de la tarifa en el peaje Papiros, en Puerto Colombia, fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Así lo informó este miércoles la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, al término del XXXI Simposio Nacional de Jueces y Fiscales, que se desarrolla desde este miércoles en Barranquilla.
“La Procuraduría desde hace meses ha insistido en muchas mesas de trabajo con los ministros anteriores para que no se cobre el peaje de Papiros y en las mesas de conversaciones se había llegado a ese lugar, sobre todo con las automóviles tipo 1 y 2. A raíz de que hemos observado que las mesas no han dado resultados, ni se han cumplido con las conversaciones y los acuerdos a que se había llegado, la Procuraduría General de la Nación presentó una acción popular que ya fue admitida”, dijo Cabello.
La alta funcionaria sostuvo que se encuentran a la espera de que el magistrado ponente del Tribunal Contencioso Administrativo resuelva la medida cautelar que se le solicitó de no pago del peaje.
“Confiamos en que rápidamente salga la decisión para que sigamos insistiendo que el peaje de Papiros, de acuerdo con todo lo que se ha conversado, no debe ser vuelto a utilizar para cobrar automóviles de clase 1 y 2. Ahí estamos encima de eso”, apuntó.
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Los argumentos de la acción popular
A través de este recurso se pretende que se les ordene que resuelvan “de manera integral y permanente” la problemática derivada del funcionamiento del peaje, así como adopten las decisiones necesarias para su desmonte.
Asimismo, la acción popular pretende que se garantice el equilibrio financiero del contrato de concesión para así evitar futuras afectaciones al patrimonio público. Otra de las pretensiones corresponde a la reubicación de la báscula de pesaje a un lugar donde no afecte el tránsito de vehículos, bicicletas y peatones.
La Procuraduría también solicitó que adopte una medida cautelar con relación a suspender el cobro del peaje Papiros hasta que no se adopte una decisión de fondo, teniendo en cuenta que este asunto es de carácter “impostergable” y las afectaciones que podría generar para la comunidad.
Para defender la solicitud de esta medida cautelar, el Ministerio Público resaltó que la demanda se encuentra fundamentada en derecho. Especificó que, en este caso en particular, “las probabilidades de éxito son significativas” si se tiene en cuenta la evidente problemática social que afecta al municipio.
