Una sola firma se encuentra en la puja en la licitación para la implementación del taxímetro en Barranquilla y su área metropolitana. Se trata del Consorcio Taxis de Barranquilla, que presentó una oferta para hacerse con el manejo de esta concesión por 148 meses.
Este consorcio se encuentra conformado por las empresas Extreme Technologies (20 % de participación), TCPS Company (20 % de participación) y Aldesarrollo (60 % de participación). Como representante legal del mismo fue nombrado Guillermo Hernández Sánchez, de acuerdo con los documentos conocidos por EL HERALDO.
Además, el consorcio acreditó un capital de trabajo por el orden de los $65.594 millones.
Para este viernes se encuentra programada la publicación del informe de evaluación de la propuesta hecha por este consorcio. La audiencia de adjudicación, por su parte, se desarrollará el próximo 7 de marzo y la firma del contrato está pactada para el día siguiente (8 de marzo).
Detalles del proceso
De acuerdo con el pliego definitivo de condiciones, la implementación del taxímetro busca que se mejore la calidad en la prestación del servicio y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los prestadores y propietarios mediante el monitoreo permanente de los vehículos.
Además con este proceso se busca proporcionar diferentes medios de pago a los usuarios del servicio y facilitar los medios para el recaudo a los transportadores, así como contar con información relacionada con la prestación del servicio que permita mejorar la toma de decisiones para mantener las condiciones de acceso comodidad, calidad y seguridad.
Según el documento, en Barranquilla y su área metropolitana cuenta con 14.363 taxis operativos, que en promedio laboran 25 días al mes y realizan 18 carreras por día. Además, el presupuesto del proceso licitatorio es de $28.542 millones, que corresponde a la inversión aproximada que se ejecutará durante el plazo del contrato de concesión.
En las condiciones del proceso se dispone de un factor de calidad correspondiente a 450 pesos, del cual será cedido el 98.5 % al concesionario como contraprestación económica por la ejecución del contrato. Empero, un 23.5 % debe ser girado a un fidecomiso para destinarse –de forma exclusiva– a la reserva de actualización tecnológica.
'El porcentaje de los derechos económicos no cedidos, esto es el 1.5% del factor de calidad es para sufragar los gastos en que pueda incurrir el AMB por concepto de supervisión y administración del contrato que se suscriba', se lee en el documento colgado en el Secop.
Además se deja expreso que en caso de que se requiera algún convenio adicional a los presentados por el concesionario para la habilitación de medios de pago electrónicos, el AMB será responsable de suscribirlos con las diferentes entidades financieras que efectuarán dicho recaudo.
