La Contraloría informó este martes que ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Medimás por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.
En medio de la pesquisa, el organismo de control también vinculó como presunto responsable a la IPS Estudios e Inversiones Médicas, Esimed S.A., a la cual la EPS giró anticipos por $71.675 millones con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que a la fecha no han sido legalizados.
{"titulo":"Colombia busca que EE. UU. le preste 3.5 millones de vacunas de Moderna","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-busca-que-estados-unidos-le-preste-35-millones-de-vacunas-de-moderna-846083"}
Asimismo, además de la EPS Medimás fueron vinculados sus presidentes y representantes legales durante el periodo 2017 y 2018, así como los vicepresidentes financieros y gerentes de tesorería de la época, sobre los cuales se ordenó la búsqueda de bienes y serán citados a rendir versión libre.
'Dentro de las indagaciones realizadas también se encontraron registros contables de pagos superiores a los valores facturados por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud por la suma de $102.898 millones, así como el pago de medicamentos con precios superiores a los regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos en cuantía de $32.406 millones, y $21.430 millones por servicios médicos con valores superiores a los contratados con su red de prestadores', se lee en el boletín.
{"titulo":"Delegada para Contratación Estatal, competente en caso de Centros Poblados","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/procuraduria-designa-delegada-para-llevar-caso-de-centros-poblados-845901"}
La Contraloría advirtió que adicionalmente la EPS Medimás habría pagado un poco más de $144 millones por servicios médicos prestados antes del 1 de agosto de 2017, a pesar de que apenas en dicha fecha fue autorizado su funcionamiento por la Superintendencia Nacional de Salud.
También habría pagado 884 facturas por más de $360 millones a pesar de que se encontraban anuladas y $5.275 millones por facturas glosadas, o sea que no cumplían con requisitos legales para su pago.
