Pese a que en el 2018 se logró resolver 122.097, de los 236.266 procesos judiciales que había en los diferentes despachos de los circuitos penales en Barraquilla, la cifra no ha sido suficiente para descongestionar los inventarios donde reposan hasta la fecha 142.323 expedientes.
Así lo dejó ver el informe de gestión 2018 presentado por el Consejo Seccional de la Judicatura, a través de su presidenta seccional, Claudia Expósito Vélez. 'Esto no se trata de hacer publicidad, sino de dar a conocer, con transparencia lo que se hace en los tribunales departamentales'.
El documento detalla que en 2018 ingresaron 121.881 procesos, 11.722 más que en 2017, cuando se registraron 110.159. A ese nuevo indicador se le sumaron los 114.385 que ya existían en inventario en los tribunales.
A la justicia ordinaria ingresaron 108.240 casos; a la administrativa 12.145 y a la disciplinaria 1.496 a lo largo del año pasado.
'Sin dudas se registró un incremento comparado con 2017, lejos de asustarnos, vemos con satisfacción que la ciudadanía ve con mejores ojos la justicia en el departamento', dijo Expósito.
En movimientos de egresos, 122.907 casos fueron evacuados. En la justicia ordinaria se resolvieron 109.512 casos; en la administrativa 12.023 y en la disciplinaria 1.372, lo que representa 28.685 procesos más que en 2017 cuando se despacharon 94.222 expedientes. Tal movimiento fue realizado por los 234 juzgados que existen en el circuito judicial del Barranquilla.
De acuerdo con Expósito no existe una media que permita identificar cuánto demora un proceso en los tribunales.
'Es imposible descongestionar totalmente los juzgados. Queda una carga a pesar del esfuerzo que a diario se hace. Hay carencias de personal, limitaciones presupuestales, etc', explicó la magistrada y añadió que el tiempo de resolución de un proceso ejecutivo no podría compararse con uno de responsabilidad civil extracontractual. 'Ya se conocen todas las vicisitudes del sistema', dijo.
Descongestión del sistema
Sin embargo, destacó Expósito que el Consejo 'ha realizado esfuerzos' para lograr una disminución de los casos en inventarios. 'Esta situación es generalizada en el país.
'En 2015 se planteó una oferta judicial que obedeció a los requerimientos de los usuarios de la administración de justicia y se crearon 15 juzgados civiles municipales, además de la creación de los juzgados de pequeñas causas en las localidades. Todo eso ha ayudado a ir disminuyendo los inventarios' detalló la togada.
Estas cifras, de acuerdo con Expósito, salen de los informes que de manera trimestral solicitan a los juzgados, eso ayuda a que la carga sea redistribuida y se pueda agilizar la descongestión de los despachos', dijo la magistrada.
'Estamos bien en juzgados civiles municipales, al igual que laborales con respecto a la oferta de justicia; sin embargo, esa demanda hace que los juzgados penales sean insuficientes', apuntó la magistrada.
'No existe presupuesto'
Recordemos que mediante oficio, el 26 de septiembre de 2018, Luz Marina Veloza Jiménez, directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que 'el Consejo Superior de la Judicatura es conocedor de todas las necesidades existentes en la Rama Judicial, siendo la especialidad penal una prioridad'.
'Sin embargo, frente a las políticas de austeridad de gasto del Gobierno nacional, no existe presupuesto que permita el financiamiento de medios de apoyo'.
Otras cifras
Según las cifras entregadas en el informe de gestión por parte del Consejo Seccional de la Judicatura, en el 2018 se llevaron a cabo 1.976 audiencias de conocimiento por delito juzgado. De estas vale destacar las 536 efectuadas por hurtos y las 473 por falsedad de documento.
La magistrada señaló que otros números a considerar en 2018 es que se llevaron a cabo 15.590 audiencias en el Sistema Penal Acusatorio. De estas, 3.297 fueron de legalización de capturas, 3.108 por formulación de imputación, 2.695 por imposición de medidas de aseguramiento y el resto por otras solicitudes.
También se destacan 68 solicitudes de vigilancias judiciales administrativas atendidas y 40 resoluciones de derechos de petición.
Para Dany Oviedo, coordinador del Observatorio de Justicia del Atlántico, las cifras dan cuenta de que falta hacer énfasis en el tratamiento preventivo de la oferta de justicia.
'Se indican las necesidades de investigadores, fiscales y jueces. Así como lo necesario en infraestructura', precisa.
