Un alcalde (e) aprovechó 2 semanas en el cargo para aprobar polémico proyecto

El proyecto que se prevé en el sector de Caujaral ha causado reparos en los habitantes del sector porque contempla un megaproyecto inmobiliario. 

César Bolívar
Vista del predio de expansión urbanística en Puerto Colombia, a la altura del Caujaral. César Bolívar

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El proyecto que se prevé en el sector de Caujaral ha causado reparos en los habitantes del sector porque contempla un megaproyecto inmobiliario. 

Un plan parcial que permite la construcción de edificaciones comerciales y multifamiliares con torres de 20 niveles y ocho apartamentos por piso en el Caujaral, reabre el debate por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en Puerto Colombia (PBOT). 

A los cuestionamientos y líos jurídicos que tiene el PBOT de este municipio, se suma esta  autorización que entregó la pasada administración municipal para que en la zona aledaña al Arroyo León se construya un megaproyecto inmobiliario. 

El pasado 14 de noviembre se firmó el decreto por el cual se adopta el plan parcial, que en otras palabras puede definirse como la hoja de ruta que establece las nuevas reglas de construcción en el lugar y que están basadas en el PBOT. Precisamente una de las disposiciones dice que “las fajas de terreno ubicadas sobre la vía universitaria y la autopista al mar, entre los brazos del arroyo grande (..) podrán incorporarse al suelo de expansión urbana”. 

La firma que aparece en el documento es la del alcalde encargado de Puerto, Ivan Wharff, quien sustituyó en el cargo a Steimer Mantilla suspendido por la Procuraduría el 5 de noviembre. Wharff nueve días después de estar ocupando el cargo, dispuso las nuevas reglas de construcción en el Caujaral. 

En Marzo de 2019, el entonces alcalde de Puerto Steimer Mantilla le dijo a EL HERALDO que este proyecto no estaba viabilizado por su administración y que no podría ser aprobado, porque no cumplía con las exigencias para su construcción.

Los reparos

Al conocer la nueva decisión, los  vecinos del Caujaral y otros habitantes de Puerto hicieron reparos a lo establecido en el decreto. En sus argumentos exponen las afectaciones de tipo ambiental, vial y los riesgos para quienes habiten las edificaciones que allí se prevén. 

“Está muy cerca al arroyo, es un terreno inundable que representa un riesgo para una edificación”, dijo uno de los moradores del sector.   

“La cantidad de vehículos que se pueden prever en un complejo habitacional tan grande influirá en la movilidad del municipio y de Barranquilla”, menciona un habitante de Puerto.

Para otros, la zona debería estar protegida, teniendo en cuenta su cercanía con un espacio ambiental que es de uso sostenible de la Ciénaga de Mallorquín. 

Algunas de esas inquietudes parecen estar resuelta en uno de los parágrafos del PBOT que hace mención  a “elevar el nivel del terreno mediante rellenos”. En el mismo recomienda que se deberá respetar y conservar el sistema de drenaje actual en lo que se refiere a las estructuras hidráulicas existentes y al mantenimiento de descole de las mismas. 

A pesar de lo que cree la ciudadanía, el plan parcial menciona entre sus criterios que el proyecto se perfila  como “una magnífica oportunidad para cualquier desarrollo con actividades residenciales y comerciales”. 

“Lo que menos quiere esta administración es sobrepoblar esa zona”, Mauro Suárez, secretario de Desarrollo Territorial.

Amenaza y riesgo

El documento  cuenta con la debida concertación de la Corporación Autónoma Regional (CRA) mediante el acta del 04 de noviembre de 2018. En este, la autoridad concluye que la susceptibilidad de amenaza y riesgo en este terreno por inundación es alta. Por esta razón pide que la amenaza sea evaluada. 

Contrario a esto, en el estudio de riesgo que realizó la constructora y que reposa en la Alcaldía de Puerto dice que el riesgo por inundación es bajo.

La CRA reiteró que en la zona de planificación, no se encuentran drenajes de escorrentías que atraviesan el predio objeto del proyecto. 

Sobre la cobertura vegetal presente en esta área, la entidad ambiental explicó que se muestra una condición de transformación del ecosistema, de tal modo “que solo quedan pequeños parches de la original vegetación, esto a causa de la antropización que ha dado paso a la conformación de lotes para edificación”.

La Corporación una vez se ejecute el plan parcial dice que hará seguimiento a través de la Subdirección de Planeación de Puerto para verificar el cumplimiento de las directrices emitidas en el documento de concertación, las cuales de no ser cumplidas podrá dar lugar al inicio de procesos sancionatorios ambientales.

Licencias de construcción

El siguiente paso para que se de vía libre al proyecto de urbanización, es la autorización de las licencias de construcción que otorga la Secretaría de Desarrollo Territorial.  

“Ellos tienen que solicitar la licencia, ahí es cuando nosotros vamos a  revisar ese plan parcial para escudriñarlo y entenderlo.  Pero además de eso haremos un montón de recomendaciones”, indicó el secretario de Desarrollo Territorial de Puerto, Mauro Suárez De La Hoz. 

El funcionario afirmó que la nueva administración “lo que menos pretende es seguir sobrepoblando el sector del Caujaral”, pero que si solicitan un permiso para hacerlo y el PBOT lo permite, la adminsitración actual deberá cumplir con lo que dice la norma.  

“Nosotros queramos o no estamos obligados a cumplir unos lineamientos que fueron autorizados por la administración anterior”. 

El PBOT que el secretario recibió en el empalme fue enviado a La Fiscalía para ser cotejado y así confirmar si era con ese que podía trabajar en el desarrollo del municipio. 

“Finalmente es el plan de ordenamiento el que me va a permitir planear el municipio. Es posible que me entregaran un PBOT diferente en el empalme y no quiero incurrir en errores”, indicó el secretario. 

Hasta la fecha, según la  secretaría de Desarrollo,  no han recibido solicitud de licencias de construcción para el proyecto en el Caujaral. 

El impacto ambiental

El biólogo, ambientalista e investigador y vicerector de la Universidad del Atlántico, Luis Carlos Gutiérrez Moreno, difiere de la concertación ambiental que se hizo en la zona. 

Para el investigador, no es oportuno decir que la vegetación en el área es inexistente. Ya que se trata de bosque seco, que tiene como característica vegetación rala, espaciada y de baja altura. 

“Es una condición natural y no es necesariamente producto de intervención. Ese espacio es muy importante en la comunicación entre la zona litoral y los parches de bosque de las laderas”. 

Para el experto, las zonas de vegetación deben valorarse y no definirse como casi inexistente o sin función ecológica.

La importancia de conservar las zonas de amortiguación, es otra posibilidad que debe tenerse en cuenta. El biólogo explicó que rellenar el terreno sin las consideraciones pertinentes genera riesgos, porque el agua que se represa se dirigirá a otras zonas originando inundaciones. 

“Esa zona es de recarga del Arroyo León y este caño debe tener áreas de inundación calculada por estudio de retorno de unos 100 años”. 

Asimismo aseguró que los terrenos bajos no solo reciben agua de escorrentías, si no de lluvias directas que deben también infiltrarse. “Por lo tanto lo rellenos eliminan zonas de infiltración y recarga de acuíferos”.

Si bien este espacio puede ser de ampliación,  para Gutierréz, los constructores deberán diseñar modelos de urbanización que sean adaptables con los servicios ambientales sin incrementar los riesgos que en la actualidad se encuentran “en la mayoría de urbanizaciones que se construyen en la Región Caribe”.  

Es legal

El términos legales, el abogado y especialista en derecho administrativo, Fernando Borda, menciona que el acto administrativo expedido por la Alcaldía “goza del principio de presunción de legalidad y sus normas son de obligatorio cumplimiento hasta que un juez de la República en el marco de una demanda lo declare nulo”.

El jurista agrega que los planes parciales son un mecanismo  para expedir licencias de construcción, que permiten proyectos de  grandes alturas, que en el caso de Puerto, le tapan la vista al mar a los viejos moradores que hicieron edificaciones basados en las normas anteriores que no permitían ni grandes alturas, ni densidades habitacionales. 

Los líos del Pbot

En el 2019 la Fiscalía y la Procuraduría se pronunciaron sobre el acuerdo que permite el desarrollo y planificación de Puerto Colombia. 

En marzo de ese año, la Fiscalía  43 realizó una diligencia de inspección por “presuntas irregularidades” en el PBOT. La comisión llegó procedente de Bogotá y estuvo conformada por funcionarios de la Unidad de Delitos Anticorrupción. 

El caso fue abierto por el ente de investigación ante una denuncia que fue presentada en 2017. 

Tras la apertura de la investigación  se han realizado tres diligencias.

Mientras que en junio pasado, la Procuraduría pidió que se declarará la nulidad total del acto administrativo de carácter general, contenido en el acuerdo que aprobó el PBOT. 

Es de anotar que el 7 de diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Atlántico, en un fallo de única instancia, lo declaró “inválido” por violación a la Constitución.

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