Funcionarios del Minjusticia, Gobernación del Atlántico, del Inpec y la Uspec, durante la visita al predio donde se construirá la megacárcel.
Funcionarios del Minjusticia, Gobernación del Atlántico, del Inpec y la Uspec, durante la visita al predio donde se construirá la megacárcel. Archivo

Tutela de afros frena proyecto de megacárcel

Juez primero promiscuo de Candelaria tuteló los derechos de la comunidad afrodescendiente y ordenó la realización de una consulta previa.

Atlántico

Juez primero promiscuo de Candelaria tuteló los derechos de la comunidad afrodescendiente y ordenó la realización de una consulta previa.

El proyecto de construcción de una megacárcel en el municipio de Candelaria quedó en vilo, como consecuencia de la decisión del juez primero promiscuo municipal de Candelaria, que deja sin efecto la Ordenanza 000463 de 2019, por medio de la cual se autorizó al Gobernador del Atlántico tramitar “el título de compraventa de un inmueble con destino a la construcción de un establecimiento de reclusión del orden nacional, para el fortalecimiento de la política carcelaria”.

En su fallo, el juez concede el amparo del derecho fundamental a la consulta previa reclamado por la comunidad afrodescendiente del municipio de Candelaria, representada a través del Consejo Comunitario de Afrodescendientes Nelson Mandela de esa población.

La decisión del juez, plasmada en un documento de 21 páginas, también insta a la Gobernación del Atlántico para que realice las consultas previas con las entidades étnicas del municipio de Candelaria, antes de que se tomen “medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

Del mismo modo, previene a la Asamblea Departamental para que en el futuro se abstenga de permitir cualquier medida administrativa que incida sobre los derechos de las minorías étnicas; es decir, que antes de cualquier actuación se agote el requisito de la consulta previa.

Gobernación impugnará. El secretario del Interior del Departamento, Jorge Ávila, dice que recibieron el fallo con sorpresa porque la Ordenanza ya está ejecutoriada, pues el lote ya fue adquirido y se hizo insinuación de donación, un trámite que fue aceptado por parte del Inpec.

Según el secretario del Interior, esta actuación no puede retrotraerse y el juez, en su concepto,  “excedió sus funciones de Juez Constitucional y actuó como juez de instancia, dejando sin efectos la ordenanza, porque están establecidos en ley mecanismos para retirar actos del ordenamiento jurídico.

El funcionario señala igualmente que en esta acción judicial debió haberse vinculado a otras partes, como el Ministerio de Justicia, lo cual —dice Ávila— no se hizo.

Igualmente, explica que la Gobernación del Atlántico consultó el tema con el Ministerio de Justicia, quien le respondió que la consulta previa debía hacerla el ejecutor, y el departamento no será el ejecutor de la iniciativa.

Finalmente, Jorge Ávila anunció que el departamento impugnará el fallo.

Comunidad afro dice que debe hacerse la consulta previa

La tutela por la construcción de la megacárcel fue presentada por el Consejo Comunitario Afrodescendiente Nelson Mádela, del municipio de Candelaria.Marceliano Fonseca, representante legal del Consejo Comunitario, asegura que la organización fue creada el 10 de diciembre de 2011, teniendo en cuenta que en este municipio del sur del Atlántico y su corregimiento de Carreto muchas familias son de ascendencia afrocolombiana.

“Otra de las razones tienen que ver con las necesidades de la población a nivel de vivienda, tierras, teniendo en cuenta que la mayoría son campesinos, pescadores y la pobreza del municipio y por eso fue necesario organizarnos para que el Estado pudiera atender y escuchar nuestras necesidades”, explica Fonseca.

La organización nació con 30 integrantes, pero actualmente cuenta con 250 familias.

Esta organización se rige por la Ley 70 de 1993, que regula los consejos comunitarios, independiente de que estén organizados, explica el líder tras indicar que ellos se consideran afrocolombianos por tradición, cultura y costumbre. Dice que a través de la organización pueden hacer que respeten sus derechos fundamentales a la vida digna, al medio ambiente, ecosistema y salud, por ser minorías vulnerables.

La base de la organización o del resguardo afro está en Candelaria y Carreto. “Desde el 2012 estamos registrados en la Alcaldía de Candelaria, a través de la resolución 005 del 26 de enero de 2012. También estamos registrados en el Ministerio del Interior y solicitamos la titulación de los terrenos baldíos de Candelaria a nombre de nuestra organización”.

Al preguntársele por qué les impacta la construcción de la megacárcel, el líder del Consejo explica que toda la actividad económica del municipio se realiza donde piensan construir la megacárcel. Además, advierte que por esta zona pasa una vía importante que comunica a Candelaria con la carretera Oriental y el resto de municipios del sur del Atlántico.

También funcionan varias fábricas de ladrillos y muchas familias de Candelaria derivan su sustento de estas empresas.

Por último asegura que por tratarse de una cárcel de máxima seguridad obstaculiza la libre locomoción por los retenes y controles que realizarían las autoridades.

Según Fonseca, la tutela persigue que se respeten sus derechos a la vida y la supervivencia, teniendo en cuenta que las etnias son minorías y son un sector vulnerable que puede desaparecer sistemáticamente.

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