Más de tres meses han transcurrido desde el momento en que el presidente Gustavo Petro se comprometió a asumir los saldos pendientes por opción tarifaria en el país, como una medida para reducir las altas tarifas de energía.
En reiteradas oportunidades, el Ejecutivo ha expuesto su disposición de asumir dicha deuda. En ese sentido ha recalcado que es necesario presentar un proyecto de ley que les permita convertir dichos saldos –que ascienden a cerca de $5.7 billones– en deuda pública.
De forma paralela, las empresas han continuado haciendo el cobro de dicho componente. Aunque la Comisión de Regulación y Energía (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía han definido una serie de topes para adelantar dicha recuperación, en varios departamentos del Caribe se ha avanzado a “pasos agigantados”.
Desde distintos sectores se ha alertado que restan “pocos meses” para que la empresa Air-e culmine la recuperación de los recursos correspondientes a la opción tarifaria, que fueron dejados de cobrar durante la pandemia a los usuarios. Esta situación se encuentra relacionada con la decisión de la compañía de aplicar el valor máximo en esta variable.
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En ese sentido, expertos del sector energético han calculado que la reducción que tendrían los usuarios sería cercana al 20 % y se haría efectiva a partir del próximo año.
Es de anotar que, a corte de agosto de 2023, según un informe de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se estimó que el saldo acumulado para la empresa Air-e era cercano al billón de pesos, correspondiente a 3.914 kilovatio/hora.
En el mismo documento se expone que en seis de los ocho primeros meses de 2023, el costo unitario aplicado (el precio que se paga por cada kilovatio/hora) fue superior al costo unitario calculado, por lo que “se entiende que, posiblemente, en ese mes se redujo el saldo acumulado en vez de incrementarse”.
¿Cómo se hace el cobro?
En lo corrido del presente año, la empresa Air-e ha tenido una variación en el valor que cobra por concepto de opción tarifaria para los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En enero, dicho componente ascendió a $193,08, mientras que en febrero correspondió a $189,07. Para marzo, la opción tarifaria llegó a $208,27 por kilovatio/hora facturado, mientras que en abril estuvo en $226,11.
Para mayo, el cobro de la opción tarifaria se hizo por $235,76 y en junio fue por $254,56. Para julio y agosto se tasó en $263,43 y $265,50, respectivamente.
En Afinia, por su parte, el proceso de recuperación de los saldos (que ascienden a $1.4 billones) se ha planteado en un periodo de cinco años. Por esa razón, el cobro promedio en lo corrido del año ha sido de 84 pesos por cada kilovatio/hora facturado.
Es de anotar que, a nivel nacional, de acuerdo con estimaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, a los usuarios les han cobrado 42,3 pesos por cada kilovatio/hora por este mismo concepto.
Análisis de expertos
César Uparela, experto en temas energéticos y directivo de Acopi en el departamento del Atlántico, aseguró que con la culminación del cobro de la opción tarifaria se consolidará una “reducción significativa” para los usuarios de la región Caribe.
“Llevamos ocho meses de pago de la opción tarifaria; entonces, debe empezar a reflejarse en la facturación de enero, al menos para los usuarios industriales. Eso conllevaría a una reducción del 23 % y volveríamos a tener una factura con el kilovatio/hora cerca de 855 pesos”, explicó. .
También expuso que si bien el Gobierno viene avanzando en el trámite para la expedición de una ley para asumir los saldos pendientes de los estratos 1, 2 y 3, “si antes de diciembre no se aprueba la ley, a la final no se está ayudando en nada, porque nosotros mismos hemos pagado la opción tarifaria”.
Por su parte, otros especialistas en regulación de energía eléctrica y gas, han señalado que la tarifa de energía eléctrica en el mercado que es atendido por la empresa Air-e podría disminuir a partir de marzo del próximo año.
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De los 1.122 pesos por kilovatio/hora que están cobrando en la actualidad, la tarifa llegará aproximadamente a 767 pesos por kilovatio/hora en el mes de marzo del año 2025.
Dicha reducción se encuentra relacionada con la finalización –en enero del próximo año– del régimen transitorio que fue creado en el Gobierno de Iván Duque: Con la finalización de la resolución Creg 010 de 2020 se espera que disminuyan 40 pesos por el componente de pérdidas y 50 pesos por el componente de comercialización.
Los especialistas indicaron que el cobro de opción tarifaria se terminaría entre los meses de febrero y marzo del próximo año, teniendo en cuenta los distintos periodos de consumo que tienen los usuarios finales con dicha compañía.
Compensaciones a usuarios
El gobernador Eduardo Verano aseguró que restan tres meses para finalizar el cobro de la opción tarifaria, teniendo en cuenta que “decidieron hacerlo en un año y eso generó un impacto grave, severo, superior al 30 % en la facturación”.
En ese sentido, el mandatario departamental sostuvo que es necesario que desde el sector eléctrico se entregue una serie de compensaciones a los usuarios del Caribe en el mediano y largo plazo.
“Es una forma de reconocer que hubo un tratamiento demasiado severo con los usuarios de nuestra región. Esas compensaciones o alivios deben ser señales de que hay un sector eléctrico que tiene en cuenta al usuario de la región Caribe. Eso es, en últimas, lo que queremos, que haya un cambio de actitud”, explicó Verano.
Visión de los usuarios
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, indicó que la actual opción tarifaria se empezó a cobrar, por parte de la empresa Air-e, en la factura del mes de febrero y correspondía a 193 pesos por cada kilovatio/hora consumido.
“En el mes de agosto ya se encuentra en 265 pesos por kilovatio/hora consumido. En mi caso particular, le he pagado $300 mil con un consumo promedio de 141 kilovatio/hora por mes. Se ha dicho que a la empresa le corresponde un billón de pesos por opción tarifaria y que los cobros que está haciendo es para recaudar todo en un año, o menos”, referenció el líder de los usuarios en el Caribe.
Puso de presente que la opción tarifaria que se cobra actualmente fue aprobada el año anterior por el Gobierno y recogió las opciones tarifarias desde el año 2020. “En esa oportunidad hubo una opción de congelar las facturas durante varios meses, pero miles de usuarios no hicimos uso de esa opción tarifaria, sino que pagamos cumplidamente las facturas. Sin embargo hoy nos están cobrando de nuevo”.
Alarcón también indicó que mientras pasa el tiempo y el Gobierno no cumple con su compromiso de pagar los saldos por opción tarifaria, Air-e seguirá cobrando. “Hay un sinsabor entre los usuarios porque las tarifas siguen por las nubes mientras se habla y se especula con un acuerdo para bajar las tarifas”.
Advirtió que, mientras se avanza en el trámite para que el Gobierno nacional tenga las autorizaciones para asumir los saldos de opción tarifaria, la empresa Air-e continuará haciendo este cobro y “lo más probable es que haya finalizado de recaudar el billón de pesos que se encontraba pendiente”.
En la misma línea, Alarcón subrayó que el Gobierno no requiere de una nueva ley para asumir la opción tarifaria, puesto que la ley 142 de 1994 permite que las entidades públicas aporten “bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios”.
Gestión desde el Gobierno
El viceministro de Energía, Javier Campillo, sostuvo que el proceso para cubrir los saldos por opción tarifaria depende “realmente” del Congreso: “La bancada del Caribe está apoyando muchísimo para que esto surja lo antes posible, pero desafortunadamente se sale del ámbito de nuestra cartera”.
El funcionario indicó, además, que se han venido adoptado acciones tendientes a la disminución de las tarifas en el Caribe. Recordó que recientemente se logró una reducción cercana a los 80 pesos en el reconocimiento de las pérdidas.
“Esa reducción en el costo quizás no se percibió porque coincidió con la recuperación de la opción tarifaria. Junto con la Superintendencia trabajamos para reducir la cantidad de usuarios que tienen demanda estimada por la imposibilidad del operador para llegar a leer el medidor. Si hay cambios en la tarifa, pero la cantidad de energía que se consume es estimada, el valor puede ser constante o aumentar”, mencionó.
El funcionario también comentó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) viene trabajando en la reestructuración tarifaria que se adelanta cada cinco años y a través de ese proceso se espera que se realicen los mayores cambios.
“Hay que hacer esfuerzos muy importantes en las inversiones en distribución para poder reducir las pérdidas y también hay una responsabilidad muy importante desde el lado de los usuarios para lograr los niveles de recaudo adecuados, que garanticen unas inversiones saludables para toda la infraestructura”, puntualizó.
Desde los gremios instan a dar una solución a las pérdidas
Desde los gremios también han solicitado que se busquen soluciones al componente de pérdidas, teniendo en cuenta que tiene incidencia en las altas tarifas de energía para el Caribe colombiano.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que la coyuntura de las altas tarifas es una responsabilidad de toda la cadena energética y por ende se deben adoptar acciones conjuntas.
“Hemos propuesto que las pérdidas sean asumidas, temporalmente, por todos los usuarios del país. Que los usuarios de todo el país paguemos un poquito más para que haya una disminución adicional de casi el 10 % para la región Caribe”, explicó.
Puso de presente que, actualmente, el índice de pérdidas en la región se ubica entre el 25 % y 30 %, mientras que en el interior del país se encuentra en cerca del 12 %. Es decir, en el Caribe se asumen hasta 18 puntos porcentuales más que en otras partes del país.
Por otro lado, Castañeda expresó su preocupación debido a que, a pesar de las subastas, no se cuenta con la energía en firme para cubrir los requerimientos del sistema: “Con todo el crecimiento y expansión en proyectos eólicos y solares, aún nos falta energía. Entre los años 2025 y 2027, los déficits son pequeños y se podrían suplir con una subasta de reconfiguración, como lo plantea el Gobierno”.
Sin embargo, alertó que para el año 2028 existe un déficit mayor, por lo que se requeriría una subasta de cargo por confiabilidad que permita adicionar nueva capacidad de generación eléctrica.
“Necesitamos nueva capacidad de generación y obviamente en esta nueva subasta deberíamos garantizar que entre energía térmica, energía hidráulica y también fuentes renovables. Por eso hemos insistido en pasar del discurso a la acción”, cerró el líder gremial.
