Durante este martes 7 de mayo, la Procuraduría General de la Nación realizó la segunda visita de inspección al proyecto Ciudad Mallorquín y a toda su área de influencia con el propósito de realizar seguimiento preventivo frente al posible impacto ambiental causado por la expansión urbana y el desarrollo residencial en el área de la ciénaga de Mallorquín.
El Ministerio Público escuchó también a la comunidad que ha venido denunciando las presuntas afectaciones ambientales y sociales que se podrían generar por el desarrollo de proyectos urbanísticos en esta área.
Cabe recordar que la primera mesa de trabajo se llevó a cabo el pasado 12 de abril con autoridades y entidades regionales, en la que refirió que el Área Metropolitana de Barranquilla no estaría cumpliendo con su rol de articulación para la defensa del ecosistemas de humedal.
¿Qué dicen los propietarios?
Leonor Prada, propietaria de uno de los apartamentos de Ciudad Mallorquín, dice que se siente “atropellada” por los hechos que se han presentado.
“Por qué no dijeron en su momento los riesgos de esta obra. Somos personas de bien que con mucho sacrificio hemos comprado nuestro apartamento por lo que esperamos que esto tenga una solución para todos”, dijo Prada.
Señaló, además, que es “inconcebible” que los propietarios deban salir de sus inmuebles, los cuales aún siguen pagando.
Alejandra Mejia, también propietaria de Esperanza, extendió la invitación para que se conozca lo que se está haciendo en Ciudad Mallorquín para ayudar con el medio ambiente.
“Para mi esto tiene intenciones creadas ya que después de tanto tiempo se está creando todo este caos si los documentos y permisos que nos mostraron eran claros y favorables”, manifestó Mejia.
Asimismo, la mujer sostuvo que la comunidad ha ayudado a sembrar 800 árboles en la ciénaga de Mallorquín. “Necesitamos unirnos para sacar este proyecto adelante y evitar que se siga quitando la tranquilidad de los residentes”.
El usuario John Solorzano, propietario del conjunto Mirador de la Ciénaga, destacó que la comunidad no debería estar involucrada en el proceso que se está llevando en contra de las constructoras.
“Aquí lo que hay son personas que compramos de buena fe. Hay más de 4 mil plantas y manglares sembradas, una cifra mayor a lo que ordena la ley. Le pedimos a los ambientalistas que las denuncias las hagan directamente contra los responsables, no a Ciudad de Mallorquín como si fuera una persona”, expresó Solorzano.
Pidió a la PGN que tome medidas frente a las personas directamente del caso. “El 75 % de la zona urbana de Barranquilla vierte aguas residuales en el río Magdalena y debe ser la Triple A quien debe invertir en este tema y de esto no tiene culpabilidad Ciudad Mallorquín”.
¿Qué dicen los ambientalistas?
Horacio Brieva, representante de Pro Transparencia, aclaró que la batalla que se viene presentando es contra el grupo Argos y no contra la comunidad.
“El primer plantón frente a este proyecto fue cuando todavía no se había construido la primera pared, se hizo un plantón. Celebramos que la CRA plantee revisar el Pomca de Ciénaga Mallorquín a través de su plan de acción para el próximo cuatrienio”, sostuvo.
Brieva señaló que también se busca que se siga destruyendo el medioambiente con proyectos urbanísticos futuros.
El abogado Reimundo Marenco aseveró que los problemas que se han presentado no son contra la comunidad y que lo que se busca es que no se presenten inconvenientes y afectaciones para la misma comunidad.
“No estamos apareciendo hoy ni ayer ya que esto es un problema que viene desde 1999. De lo que se trata es que se intervenga en esos procesos de los Planes de Ordenamiento Territorial y se le dé la información correcta a la comunidad para que se les explique cómo van hacer con las aguas servidas que van a parar a Mallorquín”, dijo Marenco.
Destacó, además, que la Procuraduría General de la Nación tiene responsabilidades con la situación presentada debido a que no se le ha dado solución a las aguas servidas y demás problemas ambientales que se están originando en otros sectores urbanísticos como el complejo Alameda del Río.
La ciudadana María Correa dijo que entiende la postura de la comunidad por expresar sus inconformidades; sin embargo, recalcó la importancia de hablar por los que no tienen voz y evitar que se siga destruyendo el medioambiente.
Propuso una mesa de trabajo entre los ambientalistas y la comunidad para encontrar soluciones. “Lo que queremos es que no se siga construyendo para que este sistema no termine de ser arrasado. En ningún momento hemos querido que los propietarios salgan de sus inmuebles”.
Correa extendió la invitación para que la comunidad se sume a proteger las 130 hectáreas que aún no han sido intervenidas.
Edison Borja, representante de los pescadores del barrio Las Flores, planteó que al cuerpo de agua de la Cienaga de Mallorquín se le realicen los tratamientos ambientales necesarios que ayuden a dar solución a la problemática existente.
“El deterioro en la ciénaga es conocido por lo que es importante preguntar cuál será el sistema que se pondrá en marcha debido a que el proyecto urbanístico ha agudizado esta situación y los pescadores nos vemos afectados con nuestra economía”, anotó Borja.
Destacó que la movilidad también se está viendo afectada y que es difícil transitar de un lado al otro.
El ciudadano Alberto Forero pidió que se revise la jurisdicción de Ciudad Mallorquín con el fin de que rija el POT de Barranquilla o Puerto Colombia.
“La justicia debe actuar ya. La PGN debe estar pendiente porque si la parte jurídica no se soluciona igual se debe proteger”, puntualizó.
