Una reducción de $49 pesos en el valor del kilovatio/hora tendrán los usuarios de la empresa Air-e a partir del próximo 15 de julio, como resultado del acuerdo suscrito con el Gobierno nacional para responder a la crisis energética en la región.
Ramiro Castilla, gerente de la empresa Air-e en Atlántico, aseguró que esta disminución se constituye en el “primer paso” para contar con “tarifas más competitivas”.
“El objetivo es lograr una reducción tarifaria significativa para los usuarios, pero para eso se necesita avanzar en varios frentes. Uno de ellos tiene que ver con la regulación, que permitirá asumir el saldo de la opción tarifaria y que se convierta en un descuento para los usuarios. Además, se está revisando el tema de las garantías para las compras de energía, que a veces compromete muchos recursos de los operadores que pueden ser utilizados para inversión”, aseguró.
También explicó que es necesario un “verdadero acuerdo” de voluntades con los otros actores de la cadena: “El Gobierno está desarrollando reuniones con ellos y lo que esperamos es que sean productivas”.
Expuso que uno de los objetivos propuestos en dichos encuentros es que se oferte energía en “suficiente cantidad” para darles tranquilidad a los usuarios de cubrir la demanda con contratos bilaterales.
En ese sentido también se proyecta que haya “precios competitivos” y “ajustados a la realidad socioeconómica actual de la región Caribe”. Explicó que los usuarios de la empresa tienen inmensas necesidades sociales y económicas, por lo que pretenden que se establezca ese mejor valor para así trasladar el beneficio a los usuarios.
“La compañía sigue trabajando en la lucha contra el robo de energía, porque las pérdidas son una variable que se incorpora al costo unitario del kilovatio. Actualmente hay pérdidas del 25 %, cuando nuestro punto de partida fue del 32 %”, precisó Castilla.
Otras voces
El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina sostuvo que si bien se anuncia una reducción del 4 %, el aumento de la energía entre enero de 2023 y enero de 2024 se ubica en el 31 %.
Indicó que dicha reducción tiene relación con los acuerdos entre las empresas comercializadoras y el Gobierno para asumir la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria.
“No obstante, para que este anuncio pueda materializarse, como lo dispone la resolución 40225 del Ministerio de Minas y Energía expedida la semana pasada, en la cual se deja abierta la posibilidad de que el beneficio de la supresión del pago de la opción tarifaria se extienda a los estratos 4, 5 y 6, la Creg debe tomar decisiones que no puede tomar porque no cuenta con el quorum necesario para ello”, expuso el experto en temas energéticos.
Acosta recordó que, en octubre de 2022, la entonces ministra Irene Vélez anunció una baja similar, que terminó siendo de 2,8 %, a pesar de que el incremento se tasó en 40 % para el Caribe.
En la misma línea, rememoró que el presidente Petro responsabilizó hace dos años a la Creg de las “excesivas alzas tarifarias” y por ende se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas: “Después de fracasar en el intento de asumirlas, la Creg quedó en sus manos y desde entonces no ha sabido qué hacer con ella, pues hasta la fecha se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados, como lo manda la ley y lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.
Puso de presente, además, que ante este incumplimiento la Procuraduría General de la Nación le solicitó a dicho tribunal que inicie una acción de desacato contra el presidente Petro y contra el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
“Han sumido a la Creg en una interinidad permanente, hasta su desintegración actual, luego de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de su director”, enfatizó el exministro.
Por su parte, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos sostuvo que los anuncios del Ministerio de Minas y Energía sobre rebajas tarifarias en el servicio eléctrico no traen soluciones de fondo.
“El ministerio se refiere a que la empresa Afinia rebaja la tarifa en 4,4 % desde el 5 de julio y Air-e el 4 % a partir del 15 de julio. En cuanto a Air-e la rebaja sería de $46, se pasaría de 1.162 pesos el kWh a $1.116, lo que sería pañitos de agua tibia. Exigimos tarifas justas y pagables, que consulten la capacidad adquisitiva de los usuarios”, aseguró Norman Alarcón, coordinador en el Caribe colombiano de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.
Agregó que existe incertidumbre alrededor del proyecto de ley que debe presentar el Gobierno al Congreso para asumir los saldos de opción tarifaria que actualmente se cubren con un crédito de Findeter.
“Inicialmente el presidente Petro dijo que el Gobierno iba a pagar toda la opción tarifaria por casi 5 billones de pesos, para luego decir que solo era para los estratos 1, 2 y 3”, puntualizó.
A su turno, Carlos Diago, expertos en temas energéticos, sostuvo que “esa pírrica disminución corresponde a la baja de precios de bolsa por incremento de niveles de embalse tras dos meses de crudo invierno. Sigue aumentando el recargo en la factura por el cobro de la llamada opción tarifaria, que ya llega a $256 por kilovatio/hora”.
Más de 600 municipios interesados en nuevas soluciones energéticas
A raíz del choque entre el presidente Gustavo Petro y los alcaldes de la región Caribe por el desarrollo de proyectos de energías renovables, el Ministerio de Minas y Energía anunció que ha recibido 645 postulaciones para participar en el programa ‘Municipios Energéticamente Sostenibles’.
A través de dicha iniciativa, de acuerdo con lo expresado por el ministro Andrés Camacho, se busca “construir la capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables en todos los municipios del país, como parte de la estrategia de reducción de tarifas de la energía eléctrica y de la ampliación de la capacidad de generación renovable”.
En ese sentido, el ministerio expuso que dispone de “los esfuerzos técnicos y de gestión de política pública” para el acompañamiento al proceso de formulación de proyectos de inversión que estén encaminados a implementar esta estrategia, así como para elaborar la ruta de concurrencia de recursos públicos en los distintos niveles de gobierno y con la banca pública y privada.
