En el Atlántico, más de 169 mil fotomultas impuestas en Barranquilla, Galapa, Puerto Colombia y Soledad serán revocadas en medio de una investigación que adelantan el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección.
Leer también: Este jueves no habrá clases en colegios oficiales de Soledad por paro de maestros ante presuntas amenazas
Importante: Estructura hidráulica de la Gran Vía, en la recta final: gobernador Verano
Esta medida administrativa se adopta ante presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un requisito “indispensable” para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que esta actuación marca un “precedente histórico” en defensa de los ciudadanos y la legalidad, puesto que “las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”.
“Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, expresó la funcionaria.
De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, en Barranquilla se deberán revocar 125.332 fotomultas, de las 131.251 que fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2018 y el 17 de septiembre de 2019.
En Galapa, por su parte, las autoridades de tránsito deberán regresar el recaudo correspondiente a 7.108 comparendos expedidos del 27 de febrero al 15 de septiembre de 2019. Cabe anotar que en dicho periodo se impusieron 7.108 fotomultas.
En el caso de Puerto Colombia, se reportó que 21.591 comparendos de un total de 29.617 –que se hicieron efectivos del 27 de febrero al 12 de agosto de 2019– deberán ser revocados, al tiempo que en Soledad se tendrá que dejar sin efecto a 15.758 fotomultas, de las 18.978 que se realizaron entre el 26 de marzo y el 9 de diciembre de 2019.
Detalles de la investigación
De forma paralela, el Gobierno adelanta una investigación administrativa en contra de los 37 organismos de tránsito del país que se encuentran autorizados para imponer fotomultas.
En medio de dicho proceso se pudo establecer que 12 organismos de tránsito iniciaron su operación sin contar con el correspondiente concepto de desempeño, mientras que otros siete organismos operaron con conceptos expedidos a terceros. Asimismo, 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.
En ese sentido, la Superintendencia de Transporte identificó que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
Por tal motivo, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
De forma adicional, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados deberán quedar sin validez y ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, dijo el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros.
Además, el funcionario señaló que es posible que haya más revocatorias en el futuro, puesto que se adelantará una revisión de un periodo posterior.
“La primera evaluación que ya hizo la Superintendencia es para los primeros 533 permisos que fueron entregados por el Ministerio de Transporte con concepto positivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hay cámaras que operaron sin la autorización después de vencidas y ya también vendremos con las sanciones”, puntualizó.
¿Qué deben hacer los ciudadanos para el rembolso del dinero?
Desde la Superintendencia de Transporte se dio a conocer que el proceso para el rembolso de los recursos depende del estado actual de la fotomulta.
Para aquellos usuarios que no han hecho el pago, no será necesario ningún trámite debido a que la entidad emitirá una orden administrativa para que el organismo de tránsito proceda al desmonte del comparendo de las plataformas de manera automática.
En el caso de que se haya hecho el pago de la multa, el usuario sí deberá iniciar un proceso jurídico. En ese sentido, se recomienda el uso de derechos de petición, tutelas o denuncias en contra del organismo de tránsito.
Asimismo, el superintendente Piñeres indicó que “las cámaras no son ilegales, las cámaras están bien colocadas, tienen que cumplir con la autorización; la ley Julián Esteban, en su artículo 18, ley 22 51 del 2022, dice claramente que la sanción y la revocatoria de los comparendos es por no cumplir con los criterios técnicos”.
