El arranque de las obras de la doble calzada en la vía entre Barranquilla y Ciénaga se ha visionado como la puesta en marcha de una de las intervenciones de infraestructura más esperadas en el Caribe colombiano. Con una inversión superior a los $2,7 billones y un impacto directo sobre cerca de 2 millones de habitantes, el proyecto busca mejorar la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad de un corredor clave para la economía regional.
La obra contempla la construcción de 49,92 kilómetros de doble calzada, así como la operación y mantenimiento de 166,82 kilómetros de vía, bajo un esquema de Asociación Público-Privada. Está estructurada en nueve unidades funcionales y una de operación y mantenimiento, lo que permite su ejecución por etapas y garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto (ver infografía).
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Con la entrada en funcionamiento de la doble calzada en este corredor, se espera un incremento de la conexión entre Barranquilla y Santa Marta, permitiendo una mayor articulación del sistema portuario regional, al tiempo que se facilita el tránsito de carga, el turismo y el comercio entre las principales ciudades del Caribe.
Sin embargo, el inicio de la fase constructiva también ha evidenciado tensiones con comunidades asentadas en la zona de influencia, especialmente en torno a los procesos de reubicación y socialización del proyecto.
Al margen de dicho conflicto, el proyecto responde a un rezago histórico en conectividad entre dos de los principales nodos logísticos del país. Actualmente, la vía opera en gran parte con calzada sencilla, lo que limita la eficiencia del transporte y eleva los costos logísticos.
Y así lo destacó el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Norte, Héctor Carbonell, quien recalcó que esta obra “representa una de las apuestas de infraestructura más relevantes para el Caribe colombiano en décadas”, al corregir ese déficit estructural y fortalecer los flujos comerciales entre Santa Marta, Barranquilla, Palermo e incluso Cartagena.
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El líder gremial explicó que el proyecto se viene estructurando desde hace más de diez años, incorporando componentes técnicos, ambientales y sociales. En ese sentido, su ejecución se realiza por etapas. Actualmente, ya se dio inicio a la unidad funcional 6, correspondiente al tramo entre Tasajera y Ciénaga.
Además, destacó que el proyecto contempla la generación de más de tres mil empleos directos e indirectos, priorizando mano de obra local, así como un componente de compensación social enfocado en servicios públicos, salud, seguridad y espacios comunitarios.
En ese sentido, recalcó que “lo que se está consolidando es un corredor integral”.
“Este proyecto se conecta con la variante sur de Ciénaga, que ya mejoró la transitabilidad en ese punto crítico y se complementa con intervenciones como los viaductos. Todo esto hace parte de una visión más amplia de conectividad que busca dar continuidad al corredor y mejorar de manera estructural la movilidad entre los principales nodos logísticos del Caribe”, explicó.
Destacó, además, que estas obras facilitarán el transporte de carga al permitir una circulación más fluida de vehículos de gran tamaño hacia los puertos, reduciendo costos y tiempos: “Por otro, mejora el acceso a destinos turísticos y fortalece la actividad comercial, al generar una conectividad más eficiente que impulsa el desarrollo de estos sectores en toda la región”.
Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo del Comité Intergremial Atlántico, subrayó la importancia estratégica de este corredor al señalar que por esta vía circulan cerca de 12.000 vehículos diarios y que conecta los puertos de Barranquilla y Santa Marta.
“Es un corredor logístico estratégico, por el cual llega el 75 % de los alimentos que se comercializan en la Central de Abastos de Barranquilla y es una vía turística que nos conecta con Santa Marta y el interior del país”, afirmó.
Conflictividad social
Uno de los puntos centrales del debate ha sido el componente social del proyecto, particularmente la reubicación de familias que habitan en zonas donde se desarrollarán las obras.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aseguró que se avanzará en procesos de concertación con las comunidades para definir las alternativas de traslado, garantizando condiciones dignas.
“Como están cediendo sus casas por un interés general, debe haber una reubicación en otra casa con condiciones de vida digna. Esto es un proyecto, una propuesta, no es la parte definitiva de la reinversión social”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que “lo único que no es negociable es que no se reubiquen las casas”, aunque aclaró que no necesariamente deberán ser en zonas palafíticas, tema que ha generado inquietud entre los habitantes.
En esa misma línea, el alcalde de Pueblo Viejo, Brando de Jesús Márquez, reiteró que no existe oposición al proyecto, pero sí preocupación por las garantías a la comunidad.
“No nos oponemos a la obra, pero sí pedimos que no se vulneren los derechos de la comunidad y que se hagan las cosas bien desde el inicio. Aquí debe haber articulación real con el territorio”, manifestó.
Voces de la comunidad
Desde la comunidad, las posiciones reflejan tanto expectativas como preocupaciones. Vladimir Suárez, habitante del sector, destacó el impacto positivo del proyecto.
“Hace más de 10 años estamos esperando esta carretera. Es desarrollo para el municipio, para el Caribe y para el país, por el turismo y la movilidad”, dijo.
Francisco Gutiérrez, líder comunitario, cuestionó la forma en que se han presentado las alternativas de reubicación: “Aquí vinieron a anunciar un proyecto de viviendas palafíticas cuando la gente no quiere ese tipo de vivienda. No fue socializado. Están tratando de validar decisiones que ya tomaron”.
También advirtió que el proceso no ha cumplido con lo que establece la ley en materia de reasentamiento.
“La ley dice que antes de iniciar una obra se debe hacer un plan de reasentamiento que garantice que no se rompa el tejido social, que no se desmejoren las condiciones de vida y que las nuevas viviendas sean iguales o mejores. Eso no se ha explicado”, señaló.
Por su parte, Adelmo Escorzo, habitante del sector, puso sobre la mesa el impacto ambiental, especialmente en la Ciénaga Grande. “Aquí todo el mundo habla de reubicación, pero nadie habla de la contaminación de la ciénaga. Ya hemos tenido afectaciones graves y esto podría generar otra catástrofe ambiental”, advirtió.
Desde el sector educativo, Jorge Pérez Gutiérrez, director del colegio San José de Pueblo Viejo, destacó la importancia del proyecto, pero pidió que se haga de manera responsable.
“Es una obra necesaria para el país, pero debe hacerse de manera concertada, organizada y respetando los procesos. Nosotros no hemos recibido información clara sobre cómo se verán afectadas nuestras instituciones”, cerró.
