El fenómeno de El Niño, un ‘visitante’ climático que trae consigo disminución de las lluvias y estrés hídrico, volvería a sentirse con fuerza en el país en el segundo semestre del año. Este pronóstico ha generado alerta, debido a que se prevé que la actual temporada de lluvias sea “significativamente” más débil de lo habitual, repercutiendo de esta manera en las fuentes hídricas y generando afectaciones para las actividades agrícolas y energéticas.
Las estimaciones climatológicas indican que existe una probabilidad del 61 % de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio, con un aumento progresivo que podría superar el 90 % hacia finales de año.
Y es que dicho fenómeno se comprende como una interacción océano-atmósfera que ocurre al debilitarse los vientos en el Pacífico, permitiendo, a su vez, que aguas cálidas se desplacen hacia las costas de Sudamérica. Así lo explicó Ricardo Torres, oceanógrafo y director del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte.
“Aunque el fenómeno es un evento que se origina en el Pacífico ecuatorial, genera afectaciones al Caribe. En términos generales, para nuestra Costa se espera un aumento en la temperatura ambiente y una disminución en las precipitaciones”, señaló el experto.
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A su vez, este cambio térmico —en el que el Pacífico aumenta su temperatura y la circulación atmosférica se altera— desencadena un efecto dominó en la región. Como en una ficha de juego, cae el índice de lluvias y, por ende, el caudal de los ríos y el nivel de los embalses, afectando directamente la generación de energía y sectores como la agricultura del territorio.
Según Torres, este horizonte de afectaciones no se presenta de manera uniforme en todos los territorios de la región Caribe; mientras el continente se seca, el océano mantiene dinámicas mixtas.
En departamentos como La Guajira, los vientos más fuertes potencian la denominada “surgencia costera”. Dicho proceso permite que las aguas profundas, ricas en nutrientes, emerjan a la superficie, favoreciendo paradójicamente a las pesquerías de la zona, aunque sin compensar el impacto continental.
“En cada lugar, los efectos pueden ser diferentes. Mientras en el Pacífico aumenta el nivel del mar y la erosión, en el Caribe el aumento del viento fuerza el oleaje, pudiendo generar eventos extremos, aunque no se puede asegurar una relación directa con la erosión costera en todos los casos”, precisó el oceanógrafo.
Sistema hídrico
Uno de los puntos más críticos de la temporada es la convivencia de extremos climáticos. Mientras una parte del continente mantiene la expectativa frente al aumento de crecientes súbitas, la sequía prolongada sigue haciendo estragos sobre la infraestructura hídrica del país, que enfrenta desafíos estructurales asociados a suelos resecos y poco absorbentes, así como a la disminución de corrientes en el río Magdalena y al agravamiento de la escasez de agua en ciudades como Santa Marta.
“En parte del Pacífico va a llover, mientras que la zona Andina y el Caribe sufrirán sequías durante un periodo prolongado. Se espera que comience en junio o julio, se agudice en septiembre y se extienda hasta marzo de 2027. Los recursos energéticos provenientes de hidroeléctricas importantes, como las del Alto Magdalena y El Quimbo, pueden verse afectados, repercutiendo en embalses clave que suministran agua en regiones como el Valle del Cauca”, sostuvo Alfonso Avellaneda, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad El Bosque.
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Avellaneda advirtió que, debido a la influencia de la corriente de Humboldt, las lluvias se retienen en el sur (Ecuador y Perú), mientras el Caribe y la zona Andina quedan más expuestos a una sequía que podría extenderse hasta el próximo año.
Al sumarse este factor de variabilidad climática, inevitablemente se vería comprometida la distribución del recurso hídrico en el país, afectando de esta forma a las principales ciudades de la región Caribe que presentan debilidades estructurales en el suministro, como Cartagena y Santa Marta.
“La disminución de corrientes en el río Magdalena y en otras corrientes que nutren este sistema en la parte baja de la costa Atlántica, donde se ubica el bosque seco tropical, generará sequías que repercutirán en los cultivos, en la población y, particularmente, en zonas de Cartagena y Santa Marta, que ya presentan problemas de escasez de agua, especialmente esta última”, explicó el docente.
Frente a la vulnerabilidad de los sectores productivos que se ven afectados por la escasez de agua, se ha planteado la creación de reservas hídricas locales que cumplen el papel de amortiguadores del impacto sobre la ganadería y la agricultura.
“Tendrían que generarse desde ya procesos con las comunidades para el almacenamiento de aguas lluvias y la construcción de algunos jagüeyes en zonas ganaderas, que permitan que esa escasez no tenga un efecto tan grave sobre la ganadería y la población. Tenemos una reserva de agua importante en el caso de la depresión momposina, que podría aprovecharse en esos momentos para, mediante bombeo, suministrar a algunas poblaciones vecinas”, agregó el experto.
En materia energética
El caso más complicado es la zona del Sinú, en donde, aunque recientemente hubo inundaciones, también se prevé sequía. Esto implicaría que se disminuya el consumo de agua para generación de energía en la represa de Urrá, de modo que ese recurso se mantenga almacenado para abastecer a la población en caso de la sequía prevista.
Es decir, en Colombia tendría que darse una reducción en el uso del agua para generar energía y priorizar su almacenamiento para el consumo humano en épocas de sequía.
“Hoy cambiamos agua por energía, pero el agua es fundamental para la vida, por lo que habría que hacer ajustes programados en el sistema energético en ese sentido”, ratificó el docente.
En lo que respecta al riesgo de incendios forestales, la ingeniería ambiental se posiciona como aliada en la protección de ecosistemas altamente susceptibles al fuego por el aumento de las temperaturas, como el bosque seco tropical.
A través de la recuperación de técnicas ancestrales de manejo del suelo, utilizadas para proteger las fuentes hídricas rurales, las comunidades buscan anticiparse a que este evento climático degrade el territorio de forma permanente.
“Los campesinos, desde hace mucho tiempo, han implementado para proteger los ecosistemas que almacenan agua las llamadas barreras cortafuegos, que consisten en zanjas. Estas se construyen alrededor de los sistemas que alimentan las fuentes hídricas para evitar que los incendios puedan afectarlos. Históricamente, estas barreras deberían estar siendo programadas por las autoridades ambientales en los municipios, especialmente en las redes de acueducto que abastecen a las poblaciones”, puntualizó Avellaneda.
Asimismo, el experto destacó que el Gobierno nacional ha planteado la construcción de paneles solares con el fin de fortalecer las comunidades energéticas en el Caribe y reducir la dependencia de grandes centros de generación —como la hidroeléctrica de El Quimbo o el sistema de Chingaza— que podrían dejar a la región en una situación crítica mientras el termómetro aumenta y desciende el nivel de los cauces.
“Los programas de ahorro son absolutamente esenciales”: Minambiente
Desde el Gobierno nacional se ha puesto en marcha un plan de alistamiento preventivo para hacer frente a este panorama, enfocado en tres frentes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
En la práctica, esto implica identificar zonas vulnerables, promover el uso eficiente del agua, mantener en buen estado los sistemas de acueducto, fortalecer herramientas como los seguros agropecuarios y preparar la capacidad de respuesta institucional, especialmente ante incendios forestales.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, enfatizó que no se trata de evitar sus efectos, sino de anticiparse y mitigar sus impactos a través de una adecuada gestión de los recursos.
“Eso implica que los programas de ahorro son absolutamente esenciales y que se revisen también los modelos de operación, particularmente en el sector hidroeléctrico, porque el 70 % de nuestra matriz depende de este”, aseguró.
Vélez también aseguró que desde el Ministerio de Ambiente se han emitido las alertas correspondientes, pero recalcó que la ejecución de las medidas recae en los distintos sectores productivos y entidades territoriales.
“Eso quiere decir que los acueductos deben estar revisando todo su proceso de operación; el sector eléctrico, que es privado, debe observar cuáles son las medidas que debe tomar en términos de operación; y, muy especialmente, el sector agrícola, porque con el estrés hídrico también habrá competencia sobre a qué sector —si al consumo humano o a la producción agrícola— se destinará el recurso hídrico”, puntualizó la ministra Vélez.
