El 7 de mayo de 2024, meses antes de materializarse la intervención de Air-e, el presidente Gustavo Petro visitó Barranquilla para anunciar una medida clave con la que buscaba reducir las tarifas de energía en el Caribe. El jefe de Estado indicó que el Gobierno asumiría la deuda de la llamada opción tarifaria. Este mecanismo, creado durante la pandemia, permitió aplazar el cobro de los aumentos en la factura de luz para evitar un golpe inmediato a los hogares.
Leer también: La sobretasa para Air-e se extendería por años; Afinia pide ser incluida
Importante: “El Estado es el que debe asumir las deudas de Air-e y no cargárselas a los usuarios”
En la práctica, la decisión también buscaba aliviar la situación financiera de las empresas comercializadoras, que venían acumulando esa deuda. Sin embargo, la medida enfrentó varios obstáculos y no se implementó como se había planteado de forma inicial.
En su lugar, se optó por diferir el cobro a un plazo de 10 años, lo que redujo el impacto en la factura al pasar de cerca de $260 por kilovatio/hora a unos $54.
Aunque esta medida representó un alivio para los usuarios, la empresa Air-e no obtuvo beneficios; por el contrario, su situación financiera comenzó a tornarse más compleja.
En la actualidad, de acuerdo con los cálculos de algunos gremios del sector energético, la empresa acumula deudas por $2,2 billones, de los cuales, $1,5 billones corresponden a los generadores térmicos, $200 mil millones a generadores hidráulicos y $500 mil millones a los transportadores de energía.
Este apretado panorama financiero ha llevado a que el Gobierno nacional confirmara esta semana que, en los próximos días, se iniciará el cobro de una sobretasa de $8 por kilovatio/hora para contribuir al saneamiento de las obligaciones acumuladas por la empresa que atiende el mercado eléctrico de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Desde principios de año, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) se ha hecho énfasis en la necesidad de atender los problemas de liquidez que tienen los comercializadores de energía y que no son atendidos con la sobretasa que se cobrará a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como de los sectores comerciales e industriales.
En ese sentido, expuso que la raíz de este panorama corresponde a las deudas de subsidios, opción tarifaria y los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, así como el incremento de la retención como anticipo del impuesto de renta a pesar de que empresas no tengan utilidades, la eventual adopción de la metodología de remuneración de la comercialización y las pérdidas de energía.
“No vemos conveniente la sobretasa de 8 pesos, porque lo que se debe corregir son los problemas de liquidez. Entendemos que la medida contribuirá a aliviar en algo, pero no es la solución al problema estructural”, indicó el presidente del gremio, José Camilo Manzur.
El líder gremial fue enfático al sostener que dicho panorama se ha agravado por la decisión de restringir la aplicación de la medida de limitación de suministros a empresas intervenidas, tal como es el caso de Air-e.
“No levantar la suspensión de la limitación de suministro es casi dar una patente de corso para que se siga incumpliendo, y eso no está bien. Esto puede generar una cultura de no pago desde el punto de vista empresarial, lo cual no es conveniente ni para los usuarios ni para el sector eléctrico en general”, anotó.
“Taxímetro sin freno”
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que la mencionada sobretasa atiende una urgencia de caja mínima y muy puntual: “Es un pañito de agua tibia si se considera que solo se recaudarán $235.000 millones y Air-e les debe $2,2 billones de pesos a generadores térmicos, generadores hidráulicos y transmisores”.
A eso se suma, de acuerdo con el líder gremial, que la deuda se puede comparar con un “taxímetro sin freno” debido a que sube mensualmente en el orden de $145 mil millones, teniendo como base los datos del Ministerio de Minas y Energía.
“Estamos frente a un mal necesario que lamentablemente nos toca asumir a los usuarios. El incremento propuesto equivale aproximadamente a un 1 % adicional de lo que actualmente pagamos en las facturas. Se trata de un esfuerzo colectivo de los usuarios del país que merece ser valorado porque contribuirá, aunque mínimamente, a garantizar la continuidad del servicio y a superar el riesgo sistémico que puede hacer colapsar seriamente al sector eléctrico nacional”, indicó.
Por eso recalcó que el respaldo a la medida ha sido condicionado a que se defina un plazo para su cobro y monto de las deudas a pagar, así como se establezcan datos técnicos medibles y verificables.
“Se requiere que paralelamente la Superintendencia de Servicios Públicos consiga autorización del Ministerio de Hacienda para tener las garantías de la Nación que le permitan apropiar, a través del Fondo Empresarial, recursos que aseguren la continuidad en la prestación del servicio de Air-e Intervenida, tal como lo establece la Ley 812 de 2003. Con ese mismo propósito se pueden hacer operaciones de crédito público o créditos de tesorería otorgados por la Nación”, agregó.
Cepeda fue enfático al decir que la causa estructural de la iliquidez de Air-e y Afinia tiene relación con su presencia en un mercado con usuarios mayoritariamente pobres y con dificultades para pagar las facturas del servicio de energía.
“El ingreso per cápita en esta zona del país es de solo $460.000 cuando en la región andina es de $775.000. En la región Caribe tenemos el 92 % de la subnormalidad eléctrica y el recaudo de las facturas de los usuarios que sufren esa condición está por debajo del 5%. En el resto del mercado de Air-e, el recaudo es de aproximadamente 74%, muy por debajo del 85% o 90% que tienen otras comercializadoras del país”, anotó.
En ese sentido, anotó que en el Caribe continental se concentra el 20 % de la población del país, y cerca del 40 % de la pobreza multidimensional de Colombia, lo que equivale a 2,1 millones de personas, concentrando el 25 % del consumo de energía.
“Tenemos el mayor índice de consumo de energía y de mayor crecimiento de la demanda. Además, Air-e tiene un rezago en la modernización de la infraestructura eléctrica y pérdidas de energía tanto técnica como por robo, del 31 %, muy similar a la situación de Afinia, que es más del doble del promedio nacional”, mencionó.
Por eso no dudó en asegurar que existe un riesgo para toda la cadena energética que podría conllevar a un apagón financiero y eléctrico: “Lo más grave de todo es que para el gobierno esta situación no es una prioridad. Las equivocadas señales que ha dado, no solo van en contravía de las soluciones, sino que complican aún más la situación”.
Impacto para usuarios
En ese sentido, Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en el Caribe colombiano, indicó que la sobretasa es un “cobro injusto” para los usuarios del país.
“Están descargando la crisis de Air-e en los usuarios que no tienen ninguna responsabilidad, ya que la ley es muy clara en que cuando el Gobierno interviene una empresa de servicios públicos adquiere la responsabilidad de solventarlas económicamente a través del Fondo Empresarial de la Superservicios, como lo han hecho gobiernos anteriores”, dijo.
En ese sentido, anotó que los problemas de liquidez tienen relación con el bajo recaudo por la mala calidad del servicio y la falta de resolver el problema de la subnormalidad eléctrica en la región Caribe, “materia en la cual fracasó el gobierno del presidente Petro”.
“Según datos oficiales de Air-e, la subnormalidad eléctrica en la Costa aumenta 5 % anual, o sea que en el gobierno Petro, la subnormalidad pudo haber aumentado un 20 %, lo que sería alarmante”, anotó.
Al tiempo que recordó que en el gobierno de Iván Duque se trató de establecer una sobretasa de 4 pesos a los usuarios del país, pero posteriormente fue tumbada por la Corte Constitucional: “Lo mismo podría ocurrir en este caso, porque obviamente lloverían las demandas si el gobierno aprueba dicha medida”.
“Sería un apagón para todo el país, no solo para tres departamentos”
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, cuestionó la falta de acciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Hacienda para atender la crisis financiera de Air-e.
“Lo que todos hemos estado esperando es que se tomen decisiones. Fíjese que, en el manejo de Air-e, ya hemos tenido cinco agentes interventores, y la empresa ni siquiera cuenta con estados financieros claros. Nadie conoce con certeza cuál es su situación actual. Y, en ese contexto, se anuncian soluciones estructurales que ‘ya están listas’, pero todo queda en el anuncio. La Superintendencia, en estos meses de intervención, no ha cumplido con lo prometido”, mencionó.
Frente a los costos que la sobretasa generaría a los usuarios, el líder gremial anotó que “se trata de un esfuerzo equivalente a cerca de un 1 % adicional en la factura mensual. Es decir, si una familia paga 200 mil pesos al mes, el incremento sería de aproximadamente 2 mil pesos”.
Al tiempo, indicó que “el Ministerio tiene una bomba de tiempo en sus manos. Si se revienta Air-e y sigue creciendo la deuda, otras empresas también se van a afectar y el sistema eléctrico puede colapsar. Y el problema, al final del día, es que sería un apagón para todo el país, no para los tres departamentos que atiende la empresa”.
Palma aseguró que es una medida “responsable aunque impopular”
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que el cobro de la sobretasa es una medida “insuficiente”, pero necesaria ante la actual crisis que tiene la empresa Air-e.
“La medida que proponemos, que es ampliamente apoyada por los gremios del sector, es responsable aunque impopular. Es insuficiente, pero un necesaria. Propusimos recursos en las iniciativas de financiamiento que hundieron en el Congreso”, dijo.
Y agregó que “no queremos heredarle un problema a la siguiente administración, tal como hicieron con nosotros. La oposición nos dejó líos fiscales graves. Nosotros enfrentamos y solucionamos”.
Palma recalcó que será una medida “temporal” para que “los que más tienen paguen un pequeño aporte”.
“Es una medida progresiva, temporal y solidaria. Los estratos 1,2 y 3 estarían cubiertos con los subsidios del 60%, 50% y 40% respectivamente”, agregó Palma en sus redes sociales.
