Tras conocer el fallo de primera instancia que restablece sus derechos para asumir nuevamente como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce declaró este miércoles a la opinión pública su intención de trabajar para reconstruir la calidad educativa de la alma mater.
A través de un vídeo que circula por las redes sociales, la exrectora de la institución mencionó que ya cumplió su pena y que la justicia colombiana la declaró como víctima de esta misma actuación procesal.
“Después de muchos años la justicia colombiana ha decidido el restablecimiento de mis derechos, reconociendo mis garantías y las de la universidad, devolviéndome la calidad de rectora, un cargo que nunca perdí”, aseguró.
Sumado a esto, mandó un mensaje de agradecimiento a todos los que la apoyaron en medio del proceso judicial.
“La justicia tenía que llegar y valerse de actuar en derecho, le agradezco a todos los que me apoyaron estos años, desde los egresados hasta el personal de servicios generales que quieren sacar adelante la institución”, comentó.
De esta manera, Gette Ponce reiteró que “espero contar con la fuerza para que todos en Uniautónoma trabajemos juntos y levantemos la universidad, haciendo ese trabajo que logramos maravillosamente hace unos años”.
Puso de presente: “Mario Ceballos se merece que hagamos esto y todos los empleados y egresados que pasaron estos años luchado por Uniautónoma también”.
Decisión judicial
De acuerdo con el juez Néstor Segundo Primera, Gette Ponce debe ser catalogada como víctima en la instancia procesal debido a que en las actas de las reuniones para escoger a Ramsés Vargas Lamadrid como rector existe inferencia razonable de autoría que habrían sido falseadas, según información obtenida por la Fiscalía.
“Silvia Gette fue condenada el 29 de mayo de 2019 en primera instancia por el delito de abuso de confianza calificada y agravada por pasar un millón de dólares de las cuentas de la Universidad a una personal en Estados Unidos y dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos por el mismo término de la privación de la libertad”, explicó.
Sin embargo, precisó que “una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma. El Estado debe garantizar la resocialización de los condenados y si ya la pena fue cumplida no se le puede señalar permanentemente”.
Así las cosas, el togado estableció que Gette Ponce ya cumplió también con su pena y no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos.
