El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aprovechó su visita a la ciudad de Barranquilla este viernes para pronunciarse acerca de la suspensión provisional del incremento del salario mínimo vital 2026.
Al respecto, el funcionario contó que el presidente Gustavo Petro ya convocó a una comisión de concertación para establecer un nuevo decreto conforme a los parámetros a los parámetros que dicta la Constitución.
Sin embargo, Palma también criticó la decisión del Consejo de Estado por “responder a los intereses de los grandes poderes”.
“Un magistrado tumbó la reforma pensional, luego otro lo hizo con la emergencia económica y ahora hay uno que hace lo mismo con el salario mínimo. Son unos hechos sistemáticos evidentemente de odio de clases de los más poderosos de este país que financian las campañas, que financian a los congresistas y que a su vez hacen elección de los magistrados”, comentó.
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Puso de presente: “la oligarquía quiere oponerse a las reformas que favorecen a las inmensas mayorías, porque esa la gente pobre, es la gente excluida. Y hoy lo que vemos es la decisión de un consejero de Estado que también gana 50-70 millones en contra del pueblo trabajador más humilde que gana el salario mínimo”.
A renglón seguido, se refirió a un posible boicot judicial. “Un estudio elaborado por 500 ONG’s decía que había un boicot de la rama judicial contra el programa del gobierno Petro, un sabotaje de la rama judicial contra los programas que han ampliado la democracia y han llevado a la gente a salir de la pobreza”.
Entretanto, el ministro respondió a los motivos de suspensión del aumento del salario.
“El Consejo de Estado señala que hubo una mala ponderación de los factores a la hora de construir el salario mínimo y olvida por ejemplo que entre 1996 y el año 2025 la brecha que hay entre el salario mínimo y la productividad es alrededor del 53.8%, es decir, los trabajadores han perdido durante las últimas décadas el poder adquisitivo, ha aumentado la productividad, pero el salario mínimo ha estado estancado”, explicó.
Fue claro en que “solo el parámetro de la participación de los salarios en la construcción del Producto Interno Bruto da para aumentar más del 23% el salario mínimo”.
Finalmente, Palma aseguró que: “la oposición del Congreso, de la rama judicial, de los dueños de las EPS, de las carreteras y otros grandes poderes, solo puede controlado por el poder del pueblo. Yo insisto en que debe haber redistribución de la riqueza pero también hemos planteado la democratización de varios asuntos las reformas sociales alrededor de las pensiones del mundo del trabajo, del sistema de salud, y del sistema energético”.
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