En el marco del seguimiento a las advertencias que ha hecho frente a los posibles riesgos en el megaproyecto del canal del Dique, la Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta frente a las posibles afectaciones fiscales para el Estado ante la decisión unilateral de congelar los recursos de vigencias futuras.
Este llamado de atención surge ante la “contradicción” existente por la aplicación de un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda para el congelamiento de vigencias futuras, que va en contravía de un decreto que fue expedido días antes por el Departamento Nacional de Planeación DNP).
Y es que, según el documento del DNP, para este tipo de modificaciones es necesario contar con “la manifestación expresa del contratista del proyecto de Asociación Público-Privada, en la que conste su conformidad con los ajustes financieros y presupuestales”.
En ese sentido, el ente de control fue enfático al sostener que la decisión de congelar las vigencias futuras de este proyecto se constituyen en una “amenaza” para la materialización de riesgos fiscales, los cuales se han venido advirtiendo desde junio de 2025.
Hizo énfasis en que la tarea de optimizar la disponibilidad de los recursos públicos de las vigencias futuras es una tarea “entendible” y “legítima”, aunque recalcó que “la solución adecuada ha estado siempre a disposición de la ANI e, incluso, está muy bien presentada en el reciente Decreto 1472 del 29 de diciembre de 2025 emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”.
Indicó que “no se puede compartir que (…) en aras de la legítima aspiración de optimizar los recursos públicos, se haya modificado una condición contractual vigente de manera unilateral y por decreto, que además podría derivar en la generación de un daño fiscal al Patrimonio del Estado”.
En ese sentido, explicó que se podrían generar intereses moratorios (DTF+10%) y remuneratorios (DTF+5%) si no se subsana en los próximos meses.
“Todo lo anterior, sin perjuicio de que, eventualmente, se llegue a demandar un presunto incumplimiento contractual, una afectación a la confianza requerida para que el concesionario pueda lograr el cierre financiero del contrato de concesión e, incluso, que si dicho incumplimiento se mantiene o se amplía, se llegue a configurar alguna de las causales previstas en el contrato de concesión que obliguen a su terminación anticipada”, explicó.
Asimismo, la Contraloría indicó que “en el Patrimonio Autónomo de este proyecto, a diciembre 31 de 2025, había recursos por valor total de $ 225.438´850.445 y que con parte de la vigencia futura asignada a la Unidad Funcional cero del proyecto, ya se habrían pagado los trabajos realizados durante 2025 por parte del concesionario”.
Por último, la CGR recalcó el respeto a la independencia y plena autonomía que tienen el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para adoptar sus decisiones, por lo que los invita a considerar dichas alertas, así como los argumentos.
